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El alcalde de Burgos, citado a juicio por presunta prevaricación en el 'caso Campofrío'

El juez de instrucción número 2 de Burgos ha ordenado que comparezca a juicio el alcalde de esa ciudad, José María Peña San Martín, para responder de presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos y un delito contra la Administración de justicia, relacionados con el caso Campofrío. La acusación solicita 28 años de prisión y 10 de inhabilitación.

La decisión del juez Fernández Llorente implica que el alcalde de Burgos, miembro del partido Solución Independiente, tendrá que sentarse en el banquillo pese a que el fiscal no formuló escrito de acusación contra él y sólo acusó al secretario (del ayuntamiento.El alcalde de Burgos decidió vender un terreno municipal de 36.000 metros cuadrados como "parcela sobrante", término jurídico que se aplica a parcelas normalmente de tamaño reducido, en las que es difícil una urbanización coherente, si bien no es éste, ni mucho menos, el caso de un terreno de 3,6 hectáreas.

Lo vendió a la empresa Campofrío, sorteando el procedimiento de subasta, tras pedir la valoración del solar a tres técnicos municipales diferentes. Rechazó la de los dos primeros, que habían estimado la conveniencia de vender a 2.800 y 5.000 pesetas metro cuadrado, respectivamente, y aceptó la de un tercero, que situó el valor de ese terreno en 1.000 pesetas metro cuadrado. Este tercer técnico, miembro del servicio de bomberos local, es una de las tres personas contra las que ahora se decreta apertura de juicio oral.

Toda esta operación se efectuó en período electoral. Una vez convocadas las elecciones municipales, que debían celebrarse el 10 de junio de 1987, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de efectuar esa venta de un terreno público a bajo precio. El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Teófilo del Olmo, advirtió al nuevo Gobierno regional -presidido por José María Aznar- de lo que había sucedido, y avisó que el plazo para interponer recurso vencía el 4 de septiembre. Sin embargo, ese recurso no fue interpuesto.

El juez Juan Carlos Fernández Llorente considera que los hechos investigados en el "caso Campofrío" podrían ser constitutivos de delitos objeto de acusación respecto al alcalde de Burgos, el secretario del ayuntamiento Esteban Corral García y el técnico del servicio de bomberos local, Juan Luis González de Ubieta y Sainz de los Terreros, pero decreta el sobreseimiento libre de José María Yartu González, gerente de Campofrío, y José María Martín Alvarez, notario que legalizó la operación.

Gerente exculpado

La decisión judicial señala que el gerente de Campofrío "se limitó a solicitar del Ayuntamiento que se le vendiera una parcela propiedad del mismo, a fin de poder ampliar la factoría", lo que no puede ser considerados como delito. Respecto al notario Martín Alvarez, el juez estima que sólo autorizó en escritura pública la compraventa, "sin que se aprecie en la misma infracción alguna sancionable penalmente".En consecuencia con la exclusión del proceso del gerente de Campofrío, el juez entiende que no procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de Conservas Campofrío, SA, estimada por la acusación en 200 millones de pesetas.

Además de este juicio por el asunto Campofrío, el alcalde tiene pendiente otro por el llamado escándalo de la construcción, por el que el fiscal le pide 9 años de prisión y diez de inhabilitación. El alcalde de Burgos pertenece al partido Solución Independiente y renunció a la subvención electoral que le correspondía, con lo que no tuvo que presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de mayo de 1990

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