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El canal de las listas negras

La radiotelevisión gallega plantea a Fraga los primeros conflictos de su Gobierno

Xosé Hermida

Manuel Fraga nunca debió de imaginar que la radio y la televisión autonómicas iban a ser la primera fuente de conflictos en su estreno como presidente de la Xunta de Galicia. Cuando todavía no se han cumplido los primeros 100 días de su mandato, el fundador del PP, amenazado por el caso Naseiro, afronta en Galicia otro escándalo más doméstico al descubrirse que su partido manejó informes sobre afinidades ideológicas y circunstancias personales de trabajadores de los medios de comunicación públicos. Algunos partidos de la oposición parlamentaria han pedido ya la apertura de una comisión investigadora.

"Durante los últimos días he dedicado muchas horas a meditar sobre este asunto, y por el momento prefiero reservarme mi opinión", confesaba Fraga al ser preguntado por el futuro de la televisión autonómica pocos días después de obtener la mayoría absoluta en las elecciones gallegas del pasado 17 de diciembre.La inicial inquietud de Fraga ante el futuro de la televisión autonómica se ha visto desbordada por los hechos. Todo comenzó cuando la Xunta puso en marcha para el nombramiento del director general de Radiotelevisión Galicia (RTVG) los mismos mecanismos que su partido estaba fustigando en Madrid al plantearse el relevo de Luis Solana en Televisión Española. De este modo, el Gobierno gallego se negó a modificar el estatuto del organismo público autonómico con el pretexto, según su portavoz, Víctor Vázquez Portomeñe, de que "nosotros no somos sucursalistas y tenemos autonomía con respecto a lo que se haga en Madrid"'.

A los pocos días de ser nombrado, el nuevo director general, Ramón Villot, tuvo que soportar la agresividad de la oposición parlamentaria, que protestaba por la suspensión, sin previo aviso, de un debate sobre el derecho de autodeterminación. Dos meses después, los grupos nacionalistas, a petición de los propios trabajadores de RTVG, proponen que se cree una comisión investigadora sobre el escándalo de las listas negras, y el PSOE quiere que Fraga explique el asunto ante el Parlamento. Además, los intentos por localizar al responsable de que los documentos llegasen a la prensa han revelado la difícil convivencia que se adivina entre el equipo más próximo al presidente de la Xunta y algunos líderes, del PP gallego.

Uno de los informes descubiertos es un telefax enviado el pasado mes de enero desde la sede del PP en Orense que ofrece algunas sugerencias sobre los cambios de personal en las delegaciones de la radio y la televisiónde esta ciudad. Otro informe, acompañado de una tarjeta de visita de Miguel Piñeiro, nombrado director de programas desde la llegada del PP al Gobierno e hijo de un alcalde conservador, contiene todo tipo de datos sobre supuestas simpatías ideológicas y asuntos de la vida personal -incluidas relaciones afectivas- de cerca de 40 trabajadores de la emisora. "Elemento subversivo", "nacionalista radical", "inquisidor socialista" o "mentalidad infantil" son algunos de los calificativos que maneja el informe, que, según los dirigentes del PP, fue arrojado a la papelera junto con otros cientos de documentos semejantes recibidos en las últimas semanas.

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"Me siento como un mayor del Séptimo de Caballería dirigiendo un fuerte cercado por los indios", explica gráficamente el director general de RTVG, Ramón Villot, un veterano periodista con varios años de experiencia en altos cargos de Radio Nacional de España. El director general asegura que los informes del PP no han influido en sus primeras decisiones al frente de la compañía, y reclama el derecho a sentirse "el primer disgustado porque se haya invadido el derecho a la intimidad de trabajadores de esta casa".Villot es el cuarto director general de RTVG en sus cinco años de existencia, caracterizados por la constante inestabilidad de los cargos directivos, siempre a merced de los enfrentamientos internos de los partidos gobernantes. La radio y la televisión públicas fueron creadas en 1985 por iniciativa personal del entonces vicepresidente de la Xunta y secretario general de AP de Galicia Xosé Luis Barreiro y con todas las prisas propias de la inminencia de las elecciones autonómicas.

Su política de personal fue cuestionada desde un principio -entre los trabajadores figuran, por ejemplo, familiares directos de Fraga y de Barreiro-, y continuo siéndolo durante la estancia del PSOE en la Xunta. Los socialistas consiguieron colocar la televisión en el mayor índice de audiencia de su historia, pero no se libraron de las sospechas de interferencia política por casos como la programación de una entrevista con Fraga sin previo aviso y a la una de la madrugada o la emisión de una cuña electoral del PSOE en plena jornada de reflexión de los últimos comicios europeos. Un episodio semejante ocurrió la pasada Semana Santa, cuando se interrumpió la proyección de una película para informar de que Rosendo Naseiro había sido liberado. La noticia de sus interrogatorios había merecido en los días anteriores menor atención que el estado de las carreteras o las previsiones meteorológicas.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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