Multas de hasta 100 millones para las empresas que no hayan declarado sus residuos industriales

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, dijo ayer que "España no puede permitirse la catástrofe de que los residuos urbanos e industriales se viertan sin control" y anunció la intención de la Administración de "hacer caer todo el peso de la ley sobre las empresas que no hayan declarado qué tipo y qué cantidad de residuos producen". El ministro añadió que las empresas han tenido un plazo de año y medio para realizar estas declaraciones y que la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos contempla multas de hasta 100 millones de pesetas por esta causa.

El plazo legal para que las empresas informasen de los residuos producidos por su actividad económica terminó el pasado mes de febrero y sólo lo hicieron el 60% de las industrias previstas. El mayor número de declaraciones se produjeron en Madrid, Cataluña y País Vasco.El ministro de Obras Públicas afirmó que se perseguirá a aquellas empresas que no cumplan este requisito legal "ya que además de ser un delito se produce un problema de competencia desleal para quienes sí lo cumplen" e insistió en que la eliminación de los residuos continuará realizándose según los métodos homologados internacionalmente: incineración, tratamiento físico-químico y enterrándolos en depósitos de seguridad. En España se generan anualmente cerca de dos millones de toneladas de residuos tóxicos.

Las advertencias de Sáenz Cosculluela se produjeron al término de una reunión entre el ministro, el secretario general de Medio Ambiente, Domingo Ferreiro, y los responsables de política ambiental de las comunidades autónomas, en la que se acordó institucionalizar estos encuentros celebrando uno cada semestre.

Hasta la próxima reunión, que se producirá a finales de año, las administraciones central y autonómica constituirán grupos de trabajo sobre aguas, atmósfera, residuos industriales y urbanos, planes de saneamiento integral y aceites usados.

Sáenz Cosculluela señaló el objetivo común de todos los reunidos de elevar hasta el 100% la depuración de aguas residuales, que actualmente es del 60%, y la eliminación de los aceites usados. Sobre este particular, el ministro describió las dificultades que presenta su control, y puso como ejemplo la dispersión y el número de talleres de reparación de automóviles que existen en España, y cifró en unos 600 millones de pesetas el dinero que se gasta anualmente el MOPU en subvenciones para financiar su eliminación. Sáenz Cosculluela también anunció la puesta en marcha de una "campaña de educación ecológica para fomentar la colaboración de los ciudadanos".

Por otra parte, el ministro de Obras Públicas apoyó el mantenimiento en el próximo plan energético nacional de la moratoria nuclear establecida en el vigente desde 1983 y descartó la redacción de una ley para proteger la capa de ozono. "Tal como van las cosas en la Comunidad Europea es prematuro desarrollar una normativa sobre el ozono. Haremos sólo aquellas normas necesarias para cumplir con las directivas europeas. No correremos más ni menos que la CE", dijo, y se mostró partidario de alcanzar acuerdos con las empresas de productos que dañen la capa de ozono.