Desinforma, que algo queda

Parafraseando un editorial de ese mismo periódico anterior al que origina esta carta, nos vemos impulsados a hacer algunas conideraciones en torno al contenido del publicado sobre el derecho de defensa con respecto a la actuación de la abogada que defiende a militantes del GRAPO:-Sorprende el tono que el editorialista emplea al tratar el derecho de defensa, como si tal derecho se otorgase a determinados ciudadanos por conmiseración y configurándolo no como un derecho absoluto sino condicionado a determinados esquemas políticos. Nuestra Constitución ni lo restringue ni lo condiciona, al propio tiempo que nuestras leyes penales sancionari las conductas antisociales o delictivas. Mezclar ambas cosas sólo puede inducir a una peligrosa confusión.

Huelga, por tanto, cualquier referencia a que este derecho fundamental alcance "incluso" a los llamados "enemigos del Estado democrático", referencia que induce a considerar el ejercicio de ese derecho como una concesión y no como un presupuesto imprescindible para la configuración de éste o cualquier otro Estado de Derecho.

-Nos sorprende también que un periódico como el suyo, que ensalza la objetividad en la información y el necesario contraste de opiniones, se pronuncie sobre una situación sin hacer referencia a los hechos que le han dado origen, en este caso la obstrucción sistemática de que viene siendo objeto doña Francisca Villalba en el ejercicio de sus obligaciones como defensora de unos presos.

Estas limitaciones han dado lugar a las correspondientes denuncias de la propia interesada y también al pronunciamiento de amplios sectores de juristas (en el II Congreso de Gentes del Derecho celebrado recientemente en Valencia), e incluso a la intervención directa de la juez de Vigilancia Penitenciaria autorizando expresamente la comunicación de esta letrada con sus defendidos, autorización que ha resultado desoída por la Dirección General de Instituciones Penitenciarlas en base a imputaciones que no han dado lugar hasta ahora a ningún tipo de actuación judicial y que, en cualquier caso, caen fuera de la órbita de la competencia de dicha Dirección General.

-Calificar de imprudente la actuación de doña Francisca Villalba al encerrarse en el Colegio de Abogados de Madrid como última forma de protesta ante las limitaciones al derecho de que ha sido víctima, es ignorar el legítimo derecho de dicha letrada para expresar, en el seno de su propia corporación profesional, su repulsa ante la pasividad de la misma.

Pero más grave aún es imputarle supuestas responsabilidades respecto a una hipotética actuación violenta contra el Colegio, ya que de esta imputación es

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fácil que pudiera derivarse el efecto de situar a la citada letrada en el puerto de mira de otros grupos violentos de signo contrarioy cinco firmas más, abogados.