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El PSOE y sus aliados no forzarán llevar a la comisión del estatuto el 'caso Naseiro'

Anabel Díez

ANABEL DÍEZ El PSOE y sus actuales aliados, CiU, CDS y PNV, no van a forzar que la comisión del estatuto del diputado investigue todo lo relacionado con el caso Naseiro, si es que el Grupo, Popular mantiene su rechazo a conducir esta indagación por esa vía, una vez que vio denegada su petición de que se creara una comisión específica para aclarar políticamente el asunto. Esta es la tesis, no reconocida públicamente, que ahora sostienen los citados partidos, aunque queda todavía el paso inicial: la regulación de¡ funcionamiento de dicha comisión, sobre la que resolverá el próximo día 8 la Mesa de¡ Congreso.

Es muy probable que, finalmente, en esta comisión sólo puedan investigarse los casos en los que exista unanimidad o una mayoría suficiente, aunque siempre se daría el visto bueno a la petición de un grupo político que quisiera someterse a investigación.Los grupos políticos consultados, incluido el PSOE, muestran actualmente una considerable dosis de prudencia, no exenta de temor, ante las posibilidades investigadoras que puede cobrar la comisión del estatuto del diputado según el borrador de normas elaborado por la Secretaría General del Congreso. Así, se proponen ahora establecer algunos límites que restrinjan estas posibilidades.

En realidad, el objetivo es impedir la proliferación de denuncias de grupos contra grupos de forma "indiscriminada", según expresión de un dirigente parlamentario.

Sin la existencia de límites las peticiones de investigación podrían ser admitidas a trámite, según la moción aprobada el 13 de febrero por el Congreso a instancias del CDS, y que atribuye a la comisión del estatuto "el conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición".

Composición paritaria

La composición paritaria de esta comisión, es decir, formada por un miembro de cada grupo y sin que opere el sistema de mayoría, fue la principal característica resaltada tanto por el PSOE como por Alejandro Rebollo, del CDS, y el portavoz de CiU, Miquel Roca, en su afán de convencer al Partido Popular (le que con esta comisión verían satisfecha su iniciativa de ser sometidos a investigación.

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Sin embargo, esta circunstancia, que equivale a un grupo, un voto, ha pasado a convertirse en el principal objeto de preocupación, ya que los grupos políticos reconocen que desde esta perspectiva "cabe todo" y cavilan en torno a cómo "articular una mayoría" dentro de esta comisión.

Distintos miembros de la Mesa del Congreso aseguran que todavía no hay una decisión tomada con vistas a la reunión del próximo día 8, pero barajan la posibilidad de instaurar la mayoría simple como condición para dar el visto bueno a las peticiones de investigación.

Es decir, si en esta comisión tienen voto el PSOE, CiU, CDS, PNV, IU, PP y Grupo Mixto, y si los cuatro primeros actúan unidos, la votación arrojaría un saldo favorable de cuatro a tres.

También se baraja la idea de la unanimidad, sin la cual ninguna iniciativa podría prosperar. En todo caso, estos sistemas de votación no operarían cuando la petición de investigación la formulara un grupo sobre sí mismo, lo cual sería respetado por todos.

Así las cosas, en el caso Naseiro, si el Grupo Popular no requiriera ser investigado por la comisión del estatuto, los demás grupos no forzarían la situación.

Hasta ahora esto es lo que ha ocurrido, toda vez que el Grupo Popular ha rechazado la vía de esta comisión so pretexto de que era insuficiente y que quería una comisión específicamente para su caso.

Peleas políticas

Nadie parece ahora querer utilizar esta comisión por el temor de que se convierta en un lugar donde se diriman las peleas políticas, en tanto que si el PSOE y el resto de los grupos, sin la aquiescencia del PP, piden la comparecencia de personas relacionadas con el diputado del Partido Popular, Ángel Sanchis, éstos respondan con el requerimiento de comparecencias de personas relacionadas con el denominado caso Juan Guerra.

No obstante, no es descartable que el Partido Andalucista pida, una vez aprobadas las normas de esta comisión, la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y que partidos del Grupo Mixto hagan lo mismo con políticos adscritos al nacionalismo vasco.

El peligro de jugar al regate en corto

La proclividad a la prudencia que en estos últimos días muestran los distintos partidos políticos, principalmente los dirigentes socialistas, la atribuyen a que si este afán investigador no tiene límites puede ponerse en peligro "la propia estabilidad del sistema democrático", toda vez que una cadena de denuncias extendería de forma generalizada la idea de corrupción en la clase política.Asimismo, los socialistas aseguran que en ningún caso quieren "poner en la picota" a José María Aznar y a Manuel Fraga, e incluso atribuyen a la dirección del PSOE "cierta preocupación" por el hecho de que los nombres de estos dirigentes políticos hayan salido a la luz pública en relación con el caso Naseiro.

Además de estas preocupaciones "por sentido de Estado`, lo cierto es que todos parecen haber reflexionado sobre las consecuencias que para cada cual tendría una comisión del estatuto del diputado convertida en una suerte de "comisaría parlamentaria". Según expresión de un dirigente parlamentario, se puede (lar el caso de que "por la mañana sea llamado a declarar Naseiro, Palop y Sanchis, y por la tarde, Juan y Alfonso Guerra y Tomás Azorín".

Por razones políticas no parece que haya posibilidades de que la comisión del estatuto del diputado haga uso de todas las facultades que tiene, según se desprende del informe elaborado por los servicios jurídicos del Congreso, en el que se pone de manifiesto tanto su capacidad (le acción como sus deficiencias.

Algunos miembros de la Mesa del Congreso observaron desde el primer momento la gran potencialidad de esta comisión, lo que no fue óbice para que los portavoces políticos, principalmente de CiU y del PSOE, deseosos de que no se les acusara de boicotear la petición de investigación del PP, urgieran a que se aprobaran.

Consecuencias negativas

No obstante, se decidió discutir con calma las normas de funcionamiento y aplazar su aprobación hasta el próximo día 8. En los últimos días, dirigentes socialistas conscientes de las consecuencias negativas que podría acarrearles a ellos y en general al resto de los grupos reconocieron las consecuencias negativas de "jugar en política al regate en corto". Ahora nadie sabe muy bien cómo dar el paso de dulcificar la situación sin que se interprete como una marcha atrás, aunque el deseo mayoritario es que sean los jueces quienes investiguen, y posteriormente estudiar con más calma si ha lugar o no a responsabilidades políticas.

Los más parcos en expresar su pensamiento son los dirigentes del Partido Popular, que aún no habían decidido cuál será su actitud cuando el próximo día 8 se regulen las citadas normas de funcionamiento para la investigación de su caso y los que puedan aparecer.

En principio, su máximo interés es que se levante el secreto del sumario y saber de una vez por todas si se derivan acusaciones hacia ellos como partido y, por tanto, personarse en la causa como fuerza política afectada.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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