Los médicos exigen que las mutuas tripliquen las tarifas que aplican a las consultas privadas

"Indignos y vejatorios", "miserables", "ridículos", "menos que la propina que se le da a un guardacoches". Los precios acordados entre las compañías de seguro libre -Asisa, Sánitas, Adeslas o Previasa, entre otras- y los facultativos que figuran en su cuadro médico son calificados así por representantes de sectores tan dispares como la Organización Médica Colegial (OMC) y entidades profesionales como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) o los tocoginecólogos de España, que han decidido unilateralmente triplicar el precio de la consulta.

Un médico general que tenga contratados sus servicios con alguna de las compañías de seguros libres cobra de 600 a 650 pesetas por consulta; los pediatras se cotizan a 700 pesetas y los baremos para los especialistas oscilan entre 800 y 1.300 pesetas. Pero desde el pasado 1 de abril la Asociación de Tocoginecólogos de España ha fijado un precio mínimo de 2.400 pesetas por consulta.La diferencia entre esa cantidad y la acordada con las mutuas se cobra directamente a las pacientes, que reciben un recibo como justificante para que la compañía les reembolse la cantidad abonada (1.700 pesetas si pertenecen a Sanitas o 1.400 pesetas en el caso de Asisa). Tras esto, el Colegio de Médicos de Sevilla ha anunciado que los médicos generales empezaran a cobrar desde el próximo 1 de Mayo 2.000 pesetas por consulta.

Una situación similar se puede dar en Barcelona, donde el Colegio de Médicos se ha dirigido a las empresas de seguro libre exigiendo la negociación de nuevas tarifas. La nueva junta del colegio ha constituido un Gabinete encargado de llevar a cabo esta negoción. El colegio pide a las aseguradoras que comiencen a pagar ya un mínimo de 2.000 pesetas por acto médico, frente a las 700 actuales, según informa Milagros Pérez Oliva desde Barcelona.

La actitud de los tocólogos ha provocado las protestas de varias mujeres y una denuncia de la Unión de Consumidores de España (UCE) ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Las reacciones han sido también negativas en la Organización Médica Colegial.

Hace tres años esta entidad realizó un estudio en el que se valoraba en 1.000 pesetas el precio mínimo de la consulta de medicina general, 1.500 la de pediatría y de 2.000 a 2.500 pesetas la consulta de especialista. "Para ello las compañías tenían que elevar a 3.000 la prima de cada asegurado, muy lejos de las 1.800 pesetas que se cobraban. Tenemos el compromiso de que hasta que no se consiga una prima justa no se hablaría de honorarios profesionales mínimos, aunque a mí no me gusta esta denominación y prefiero hablar de honorarios recomendados", dice el doctor García Cubero, vocal de la OMC.

"Desde 1972 hemos perdido un 60% de poder adquisitivo y queremos negociar directamente con las compañías para dignificar la profesión. De los baremos que tienen establecidos hay que descontar además los gastos de material desechables, imprescindible para la consulta, y el IRPF. La OMC no tiene credibilidad para nosotros porque juega a dos manos: está con Dios y con el diablo", dice Pablo Vallaure, p esidente de la Asociación de Tocólogos de España.

Las compañías pagan

Ante este postura, García Cubero es tajante: "Esta vocalía nacional ha defendido un movimiento reivindicativo para conseguir unos honorarios profesionales, proceda de donde proceda. Pero lo que no acepta son negociaciones unilaterales con determinados colectivos"."Todas las mutuas estamos dispuestas a hablar de la revisión del baremo de los profesionales, pero no hay ninguna constancia de que la legalidad permita negociar con esa asociación", afirma un portavoz de Asisa.

Según una sentencia del juzgado de Primera Instancia de Jaén del pasado 4 de abril las aseguradoras no tienen la obligación de abonar las nuevas cantidadesdes, ya que las tarifas no se pueden modificar por la mera voluntad de una de las partes.