Los civiles de establecimientos militares piden que Trabajo vigile sus relaciones laborales
El comité del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación de indefensión en que se encuentra el personal civil de establecimientos militares ante la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo, que se declaran incompetentes en todos los conflictos presentados.
Los trabajadores del ISFAS -42.000 personas- quieren que la Inspección vigile sus relaciones laborales y argumentan que el instituto no es un establecimiento militar sino una mutualidad de previsión. La protesta de estos trabajadores se basa en que la Inspección de Trabajo se viene declarando incompetente en las denuncias efectuadas por estos trabajadores, remitiendo su solución a la dirección de personal del propio Ministerio de Defensa que viene actuando como juez y parte. Así se han presentado en los dos últimos años 25 denuncias que han conllevado las consecutivas declaraciones de incompetencia.Los hechos a los que se refiere la denuncia remiten al derecho al trabajo, la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, al principio de igualdad ante la ley y al derecho a la tutela judicial efectiva, recogidos en el título 1 de la Constitución española.
Esa situación se basa en una compleja normativa preconstitucional y una ley del año 1962, que incluye a estos trabajadores en la situación que rige en los centros y establecimientos militares, así como en las industrias relacionadas con la defensa nacional. Este colectivo reclama las mismas condiciones que disfruta el personal por cuenta ajena que presta sus servicios en las distintas Administraciones Públicas, equiparados al resto de los trabajadores.
También la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se viene declarando incompetente para conocer los procedimientos de conflicto colectivo. En los dos últimos años se han presentado 13 conflictos que han tenido la respuesta de incompetencia.
Regiones fronterizas
En la queja que se ha presentado ante el Defensor del Pueblo se dice que "en el ejercicio de sus potestades directivas, los órganos del Ministerio de Defensa han transitado por regiones fronterizas a la tipificación penal", como la autorización de un expediente de promoción interna donde el comité cree probar de modo indubitado el conocimiento exacto por diversos concursantes opositores de las pruebas y sus soluciones.Para el comité del instituto, la justificación del trato diferenciado no puede venir dada por los intereses de la defensa nacional, pues éstos no exigen la instauración de una autoridad laboral excepcional. Asimismo se apoyan en los contenidos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por el Gobierno español, e invocados con el valor de fuente jurídica preeminente que les da la Comunidad Europea al poseer virtud derogatoria de las normas que se le opongan, incluso las de rango legal.
Suplican por todo ello al Defensor del Pueblo que admita su queja, promueva una investigación y dé cuenta de su contenido sustancial a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Dirección Provincial de Trabajo y a la dirección de personal del Ministerio de Defensa.
Por otra parte estos trabajadores han conocido una sentencia favorable del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid en la que el magistrado reconoce la primera sección sindical del ISFAS, estima la demanda interpuesta por Comisiones Obreras contra el ISFAS y declara ineficaz el no reconocimiento de la citada sección por parte del instituto porque conculca el derecho a la libertad sindical.
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