Huelga de limpieza

LAS HUELGAS en los servicios públicos plantean, en todos los países industrializados, problemas de difícil solución. En estos conflictos, la presión de los huelguistas se dirige irremediablemente antes contra los usuarios que contra la patronal. A mayor exasperación del público, mayores posibilidades de una intervención de la Administración a favor de una salida, aceptable para los trabajadores. Se trata de un mecanismo injusto y de efectos asociales: los perjudicados suelen ser los sectores de menor renta, que no pueden sustituir por otros privados los servicios públicos paralizados. Pero frente a la tentación de generalizar en exceso es preciso reconocer que algunas de esas huelgas han puesto de manifiesto, si bien en la letra menuda de las informaciones, la existencia de condiciones de trabajo impropias de una sociedad desarrollada.Las recientes huelgas de los trabajadores de los transportes públicos de Madrid revelaron que muchos de ellos cobraban salarios miserables. La de la limpieza que estos días ha llenado los periódicos e informativos televisivos de metáforas relacionadas con los estercoleros ha servido para que se sepa que una limpiadora sin antigüedad percibía un salario medio de 56.000 pesetas por 40 horas semanales, con un solo día de descanso y sin plus para el trabajo dominical.

La huelga ha sido desconvocada tras 12 días de paro y merced a la intervención de un mediador designado por la Comunidad de Madrid. Doscientas trabajadoras voluntarias limpiaron las instalaciones del aeropuerto de Barajas -escaparate privilegiado de la huelga- inmediatamente después de lograrse el preacuerdo, y antes incluso de la desconvocatoria oficial del paro. Ese escaparate se hizo tan visible -lo vieron visitantes de los cinco continentes- que los poderes públicos intervinieron con una diligencia que se ha echado en falta en otras ocasiones. Actitudes de los huelguistas como la de esparcir la basura por los corredores son condenables. Pero también lo son la intransigencia de la patronal del sector y la pasividad de la Administración.