El Gobierno argentino prepara una ley de 'Olvido Fiscal' para repatriar capitales

El ministro de Economía del Gobierno argentino, Antonio González, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley de Olvido Fiscal para los capitales argentinos fugados al exterior, calculados en más de 40.000 millones de dólares. Ese dinero, colocado en inversiones productivas radicadas en el país, no sería alcanzado por la nueva ley Penal Tributaria, que condena hasta con ocho años de prisión a los evasores de impuestos.

El ministro no coincidió con la Prensa argentina, que calificó sencillamente de "blanqueo de capitales" a su propuesta y le recordó las consecuencias negativas que habían tenido todos los blanqueos declarados en años anteriores. El último, aplicado de urgencia durante el Gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, sólo logró aumentar en medio punto del producto interior bruto la recaudación fiscal.Por otra parte, la sola posibilidad de que se efectúen medidas de ese tipo paraliza a los escasos contribuyentes y aumenta la grave evasión fiscal típica en Argentina.

González considera que ese cambio es "un proyecto de promoción fiscal" porque se aplica al capital que viene del exterior y se vuelca a la producción, "no se le investiga su origen pero comienza a pagar impuestos". El ministro trató de separar a quienes desean "repatriar" su capital depositado en el exterior de los "evasores" ya detectados a los que se piensa castigar. Pero no aclaró cómo podría impedir que los grandes grupos económicos que han eludido el pago de impuestos transfieran sus capitales al exterior y luego los "repatríen", una operación que se realiza en menos de 48 horas y por télex desde Buenos Aires.

Ley de Empleo

Las últimas medidas anunciada por el Gobierno argentino, entre las que deben incluirse además de la ley de Olvido Fiscal el proyecto del poder Ejecutivo para "reglamentar" las huelgas de los trabajadores de las empresas del Estado y la llamada ley Nacional de Empleo, que modificaría aspectos sustanciales en los contratos de trabajo, responden a una estrategia de pinzas que tiene dos objetivos declarados. Por un lado "cerrar las cuentas públicas", según la carta de intenciones comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y, por el otro, someter definitivamente la protesta de los sindicatos de trabajadores en las empresas del Estado, que tienen sus propias claves de reforma y se oponen a lo que llaman la "privatización salvaje".

Los funcionarios del FMI han advertido al ministro González que Argentina no recibirá nuevos créditos hasta que se vean los resultados del plan en marcha. Sólo serían liberadas las cuotas dependientes de fondos ya concedidos y que permanecían bloqueadas. Una señal de confianza, necesaria para el Gobierno, sería el regreso de esos capitales depositados en el exterior.

El ministro González sueña con unos 20.000 ó 25.000 millones de dólares, "con esos recursos invertidos en el país estaríamos compitiendo con los más desarrollados del mundo". Para ello tiene que confiar en cierta oligarquía industrial y terrateniente argentina que siempre fue culturalmente "europea" y depositó sus beneficios fuera del país cuando sintió que el "granero del mundo" ya no era su propia casa de campo. Toda la política social y económica del Gobierno peronista se ha vuelto ahora hacia ellos y no deja excusas para demorar el retorno triunfal.