El PP se considera sometido a espionaje político y denuncia escuchas telefónicas

EL PAÍS El Partido Popular (PP) sospecha que se encuentra sometido a espionaje político por parte del Gobierno socialista. El propio secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, presentó el jueves en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que se encontraba de guardia, una denuncia por escuchas teléfonicas ilegales de las líneas utilizadas en la sede nacional del partido para comunicar con el exterior. Los máximos responsables del primer partido de la oposición consideran que el juez Luis Manglano está actuando de forma deliberadamente perjudicial -desde el punto de vista político- para el PP tras la detención de su tesorero, Rosendo Naseiro, y de su concejal en Valencia Salvador Palop.

El secretario general del PP comunicó el jueves al juzgado de guardia que comentarios "suficientemente contrastados" de personas que trabajan en la oficina central del partido le han convencido de que existen escuchas e intervenciones de las comunicaciones mantenidas por teléfono desde la sede nacional. Esa sospecha está avalada por indicaciones hechas por miembros de las Fuerzas de la Seguridad del Estado a destacados colaboradores de José María Aznar, según ha manifestado uno de éstos.El inicio de la investigación sobre el delito de cohecho del que son acusados, al parecer, Naseiro y Palop, estuvo motivada precisamente por el contenio de unas escuchas telefónicas judicialmente autorizadas, según algunas fuentes.

Álvarez Cascos advirtió en la exposición de motivos de su denuncia que "no se tiene constancia de la existencia de la preceptiva autorización judicial" para realizar un control de las líneas telefónicas del PP. Una fórmula con la que la cúpula del PP pretende, de paso, averiguar si ha estado sometida a escuchas policiales en los últimos meses.

El representante del PP comunicó al Juzgado de Instrucción número 8 sus sospechas, compartidas por otros destacados dirigentes populares, por si apuntan a hechos constitutivos de delito y, en particular, a una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. El PP pide al juzgado de guardia que inicie una nvestigación a partir de la denuncia y depure las responsablilidades penales, si se confirma la intervención ilegal de los teléfonos del partido.

Álvarez Cascos solicitó asimismo al juez que tome inmediatamente medidas para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas del PP y recordó, en declaraciones a los medios informativos, que, en 1988 preguntó al Gobierno sobre posibles escuchas telefónicas y que el ministro del Interior, José Barrionuevo, le contestó con desprecio.

Infiltrados

Destacados dirigentes del Partido Popular sospechan desde hace más de un año de la existencia de un espionaje político sobre su actividad pública e incluso privada. Dichos dirigentes citan como ejemplo la actividad de un antiguo jefe de prensa de AP que fue despedido por pasar documentos al PSOE. Cuando fue descubierto, confesó incluso que había coincidido con dos secretarias de la sede aliancista en la sala de espera de un alto cargo socialista.

Miembros de! equipo de máxima confianza, de José María Aznar acusan a los socialistas de instaurar un "Estado policial" y de utilizar a miembros de los servicios de información para espionaje político. Álvarez Cascos insinuó este aspecto cuando declaró, sobre la detención de Naseiro y Palop: "Ya veremos en su momento si hay otros motivos de preocupación sobre lo que pueda existir detrás de todo esto. En todo caso", agregó, "nunca se ha financiado el PP con cohechos, y nos parece que la desproporción con que están siendo tratados Naseiro y Palop se debe a que son militantes del Partido Popular".

El presidente del PP, José María Aznar, interrumpió el jueves al mediodía sus vacaciones en Tenerife y regresó a su despacho en Madrid para ser informado exhaustivamente del caso Naseiro. Aznar optó por una actitud de prudencia y canceló una conferencia de prensa.