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REVUELTA EN LAS CALLES DE LONDRES

La policía impidió el asalto al 10 de Downing Street

, Centenares de manifestantes intentaron el sábado penetrar en el número 10 de Downing Street y asaltar la residencia de la primera ministra británica, según manifestó ayer el oficial responsable de las fuerzas de seguridad que custodiaban la calle. La dispersión de los agresores provocó una cadena de incidentes violentos nunca vistos en la ciudad, que duró seis horas y causó daños millonarios en el centro de Londres. La clase política británica fue ayer unánime al condenar la algarada y evitó la tentación de rentabilizar políticamente los disturbios.

David Meynell, responsable de la operación de seguridad en torno a la manifestación contra el poll-tax -el nuevo impuesto municipal que entró ayer en vigor- en la que participaron 2.000 agentes, declaró ayer que los incidentes comenzaron cuando algunos de los participantes en la marcha se detuvieron en Whitehall ante la verja que cierra Downing Street y comenzaron a arrojar objetos a la policía. Los manifestantes la emprendieron después con una doble barrera de las vallas que se emplean para canalizar este tipo de marchas. "La violencia fue tal que destrozaron ese sistema de protección e intentaron asaltar la entrada de Downing Street", dijo el oficial.La policía tuvo que pedir refuerzos para disolver a los agresores. La intervención de los agentes produjo un estallido de violencia urbana nunca visto en Londres, que se saldó con más de 400 heridos, 331 de ellos policías, y 341 detenciones.

Los turistas se entretenían ayer haciendo fotos en un centro de Londres en el que bancos y librerías de segunda mano, sexshops y restaurantes, farmacias y concesionarios de automóviles mostraban las cicatrices de la arbitraria violencia practicada la noche anterior por unos 3.000 manifestantes. Meynell dijo ayer por la mañana que ya se habían presentado 200 denuncias por daños, "y habrá muchas más cuando la gente termine de hacer la valoración de daños en comercios y vehículos".

Las proféticas palabras del policía se hicieron realidad cuando el ministro del Interior, David Waddington, visitó por la tarde la zona siniestrada. La presencia del ministro en Saint Martin's Lane fue recibida con airados gritos de "¡No al poll-tax!' por unos 200 manifestantes, entre los que la numerosa policía que ayer patrullaba por la capital británica practicó algunas detenciones.

La policía británica trata ahora de descubrir si hay algún general responsable de las tropas vandálicas que tan duramente libraron el sábado la batalla de Trafalgar Square. David Meynell, responsable de las fuerzas que debían controlar la manifestación, cree percibir, entre otras, la presencia del anarquismo.

Thatcher puso ayer cara compungida al manifestarse horrorizada con lo ocurrido. "El lugar para discutir esto [el poll tax] es el Parlamento", declaró a la salida de la iglesia en Chequers, su residencia de fin de semana. "Esta gente está contra la democracia y toma la calle. No hay excusas para recurrir a la violencia. Tenemos un Parlamento vigoroso y unos tribunales justos". Neil Kinnock, el líder laborista, fue mucho más duro que la primera ministra. La violencia del sábado "fue un acto delictivo provocado por gente a la que hay que tratar como delincuentes". "Les veo y les trato como enemigos de la democracia", dijo.

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Ninguno de los dos políticos intentó ayer sacar provecho de una situación traumática para los británicos, aunque es probable que esa contención desaparezca en el futuro inmediato. Thatcher, que el día anterior, en Cheltenham, había responsabilizado a los laboristas de incitar a la rebelión contra el poll tax, se calló ayer, mientras Kinnock mostraba una vertiente agresiva con los violentos.

Sólo el ministro de Medio Ambiente, Chris Patten, responsable de la puesta en práctica del poll tax dejó claro por parte gubernamental que la guerra sigue, al pedir a Kinnock que sancione a los parlamentarios laboristas que apoyan a quienes se niegan a pagar el impuesto. Los laboristas replicaron con un documento en el que dicen que entre 26 y 28 millones de ciudadanos de los 36 millones que han de abonar la nueva tasa salen perdiendo con respecto al anterior sistema.

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