La juez Carmena dice que se pidió atar a los 'grapo' para alimentarles

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio Fiscal solicitaron un permiso para la sujeción física de los reclusos en huelga de hambre de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), con el objeto de alimentarles a través de sondas, según denunció ayer la juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, Manuela Carmena. La solicitud se hizo, según la juez, apelando a la colisión entre los derechos individuales y el derecho a la vida. "Nunca ha habido tal colisión, el Estado debe garantizar el derecho a la vida, pero no imponerla", afirmó Carmena en el curso de unas jornadas sobre salud organizadas por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en Oropesa.

Documento de la OMC

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó ayer por unanimidad tomar medidas para que "por las vías civil y penal", se depuren las responsabilidades en las que la Administración haya podido incurrir en el caso de reciente asesinato por los GRAPO de el médico José Ramón Muñoz. Un documento aprobado ayer exige a la Administración "el inexcusable cumplimiento" de respetar la libertad de conciencia de los reclusos, que, "en pleno uso de sus facultades, no desean atención médica" y el mismo respeto a la libertad de conciencia para los profesionales, "a los que se les obliga a asistir a pacientes en contra de su voluntad". La OMC señala la "urgente necesidad de crear una unidad de cuidados intensivos para la atención de estos casos" centralizada en un establecimiento penitenciario. El organismo, que representa a todos los colegios médicos de España, recuerda que una unidad así "se puede instalar en 48 horas".La OMC señala en el documento que los tratamientos a los reclusos en huelga de hambre deben ser prestados en los centros penitenciarios, siendo el traslado de los reclusos a hospitales generales "enormemente perturbador" y que en caso de traslado, debe garantizarse la confidencialidad y la protección de las personas que sometan a tratamiento a los presos.