Aires de pacto

LAS PERSPECTIVAS de la economía española son buenas, pero sus desequilibrios (inflación y balanza por cuenta corriente en especial) pueden comprometer gravemente ese futuro favorable. De ahí la conveniencia de un pacto como el propuesto por el ministro Solchaga en el curso del debate presupuestario y genéricamente aceptado por la oposición, tanto de derecha como de izquierda. Un pacto cuyos objetivos serían disminuir el diferencial de inflación con los países competidores, mantener los crecimientos salariales reales en niveles compatibles con la creación de empleo y rebajar el déficit público. Todos esos objetivos se orientan al reforzamiento de la competitividad de la economía española en la perspectiva del mercado único de 1993. El problema es que, si bien parece factible un acuerdo político al respecto, de poco serviría si los interlocutores sociales no son capaces de plasmarlo en el terreno de las relaciones laborales. Y las primeras reacciones de los sindicatos, han sido poco alentadoras.Sabiendo que esa era la madre del cordero, Solchaga adelantó como principal contrapartida la oferta de ligar el pacto salarial con la reforma de la fiscalidad, de manera que se garantice la percepción íntegra de las subidas pactadas, es decir, de rrianera que esas subidas no se vean recortadas por efecto de retenciones más altas. Junto a ello, Solchagase mostró favorable -aunque son los empleadores quienes deberían aceptarlo- a la generalización de las cláusulas de revisión frente a desviaciones de la inflación prevista y a la negociación de los llamados salarios indirectos: discriminación positiva del gasto en favor de mejores dotaciones y servicios para los sectores con rentas más bajas. Se trata de ofertas razonables, coherentes con la situación actual de la economía española, compatibles con el mantenimiento o alza moderada del poder adquisitivo de los asalariados y merecedoras, en cualquier caso, de una respuesta menos sumaria que la ofrecida por las centrales: "Una burda maniobra del Gobierno y la derecha".

Algunos dirigentes sindícales parecen no haber comprendido que una de las cosas que han cambiado en España es que comienza a afianzarse una alternativa de derecha, y que en manera alguna puede seguir argumentándose, como en vísperas del 14 de diciembre de 1988, que la política económica del Gobierno socialista en nada se diferenciaba de la que practicaría un eventual Gobierno de centro-derecha.

Al plantar el pacto en la perspectiva de 1993, Solchaga pretende evitar la espiral salarios-precios en unos años cruciales para la economía española, pero esa perspectiva permite también flexibilizar los criterios de moderación salarial: un pacto a tres años haría posible pautar los aumentos salariales a lo largo de ese período, de manera que una mayor moderación en 1990 y 1991 -necesaria para contener la demanda y evitar tensiones inflacionistas- otorgaría mayor holgura para los convenios de los años siguientes. Al respecto queda la duda, sin embargo, de si estos presupuestos son tan restrictivos como se pretende: un aumento del gasto del 9,4% respecto a los muy expansivos presupuestos de 1989 es en principio difícilmente compatible con el objetivo de enfriamiento.

Por lo demás, el cambio de talante que suponen las ofertas de consenso del Gobierno, así como la receptividad mostrada por la oposición, indican el inicio de una cierta normalización de la vida política nacional tras un período de excesiva polarización. A la hora del congreso de Sevilla, el PP de Aznar ha renuncíado a la pueril actitud, amagada hace unos meses, de romper toda relación con el Gobierno. Seguramente no es ajeno a esa reconsideración su temor al aisiarniento por efecto del acercamiento de centristas y nacionalistas al PSOE. La actitud del portavoz de Izquierda Unida en el debate presupuestarlo permite suponer que también en ese campo se abre paso la idea de que una oposición firme no es incompatible con la búsqueda de acuerdos de interés general. Y, paralelamente, se vertebra la sociedad misma.