Ningún miembro de los GRAPO ha fallecido tras 120 días sin ingerir alimentos sólidos

Cuatro meses después del inicio de la huelga de hambre, ninguno de los 60 miembros de los GRAPO que se sumaron a la misma ha fallecido. Aunque varios de ellos llegaron a encontrarse en situación de extrema gravedad, el punto de inflexión que marca el declive de la huelga como medida de presión se produjo entre el 14 y el 19 de febrero, cuando las audiencias provinciales de Madrid y Zaragoza ordenaron su alimentación forzosa. Hoy, la huelga la mantienen 41 presos, de los que 22 están ingresados en hospitales. Sólo Joaquín Calero, atendido en el de Jerez, presentaba ayer un cuadro de "desnutrición severa".

Uno de los momentos más críticos de la huelga se produjo a finales de enero, cuando, tras sesenta días en huelga, la salud de los grapos José Balmón Castell, Olegario Sanchez y Francisco Cela Seoane, se deterioró hasta la extrema gravedad. Los doctores Casado y Muñoz Fernández -asesinado el martes- consideraron entonces que, aunque no murieran, sus lesiones podrían ser irreversibles. A raíz de la alimentación forzosa ordenada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia del 14 de febrero, la huelga de hambre quedaba limitada a la no ingestión de alimentos sólidos y se alejaba el peligro de muerte directa.Hasta entonces, la decisión tajante de los presos de dejarse morir si no conseguían modificar la política de dispersión del Ministerio de Justicia provocó agrias polémicas entre los jueces de vigilancia penitenciaria de Madrid, Zaragoza y Valladolid con los responsables de Justicia, centrada en el derecho de los reclusos a disponer de su propia vida.

El 9 de enero, el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid consideró que la alimentación forzosa podría considerarse como un delito de tortura, tesis a la que se sumaron los jueces de Madrid y Zaragoza e, inicialmente, la juez de Bilbao, aunque ésta última, ordenó que fueran alimentadas las presas Josefina García Aramburu y Carmen López Aguita, tras pedirlo los padres de las terroristas.

Por el contrario, los jueces de Albacete, Murcia, Sevilla, Soria, Guadalajara y Valencia se muestran desde un principio favorables a la alimentación forzosa. Las sentencias citadas terminaron con la polémica, al menos de forma provisional, ya que, el 20 de febrero, Francisca Villalba, abogada, y los huelguistas Sebastián Rodríguez Veloso, Leoncio Calcerrada y Luis Cabeza Mato presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, los médicos están utilizando un compuesto vitamínico muy potente, denominado Previten. Fuentes de los abogados que defienden a los reclusos indicaron que, según la información que han podido recabar, cada envase de Previten supone unas 500 calorías, y se les administran una media de cuatro o cinco envases diarios. "No sólo se recuperan de la debilidad, sino que los están engordando", añaden las citadas fuentes.

De hecho, el 13 de marzo, Olegario Sánchez Corrales y José Francisco Cela Seoane abandonaban el hospital por su propio pie para ser trasladados a la prisión zaragozana de Torrero.

A lo largo del mes de marzo, unos 20 presos de la organización terrorista experimentan mejorías en su estado de salud y son trasladados de nuevo a los centros penitenciarios. Según Instituciones Penitenciarias, de los 41 presos que mantienen la huelga de hambre sólo 22 se encuentran aún hospitalizados.

Resistencia numantina

Así se explica el hecho de que los grapos hayan podido mantener su actitud de rechazo a alimentarse durante 120 días -otro preso de los GRAPO, Juan José Crespo Galende, murió el 19 de junio de 1981, tras 96 días sin comer-. La resistencia de los huelguistas a recibir alimentación ha sido casi numantina, conscientes de que el peligro de muerte para ellos era su única arma para desbaratar la política de dispersión. El Ministerio de Justicia, consciente: a su vez de la ausencia de apoyo social que sufren los GRAPO, ha desoído todas las peticiones de mediación y flexibilidad presentadas por diversos colectivos y ha endurecido las condiciones de aislamiento de los reclusos.

El colectivo médico ha sufrido las tensiones creadas por la huelga. Instituciones Penitenciarias abrió expediente a dos médicos de la prisión de Basauri por negarse a alimentar a las presas Josefina García Aramburu, Teresa de Jesús González y Carmen López Anguita, que fueron trasladadas a la prisión de La Rioja. Al contrario, otros médicos pidieron ser relevados de sus funciones para no ser testigos impotentes de la degradación física de los huelguistas.

Para mantener su actitud tras las sentencias citadas, los propios presos se han arrancado los tubos de alimentación o se han negado a ingerir agua y a someterse a chequeos para comprobar su estado general. Las recaídas y mejoras de los grapos han provocado un continuo trasiego entre las prisiones y los hospitales, hasta el punto que David Beltrán, fiscal del País Vasco, anunció que si esta situación se mantenía estudiaría la posibilidad de recurrir la alimentación forzosa ante el Tribunal Constitucional, informa En estos momentos, sólo se tienen noticias de que el grapo Joaquín Calero Arcones, ingresado en el hospital de Jerez, se encuentra en situación peligrosa. Según el último parte médico, Calero presenta síntomas de desnutrición severa, informa Francisco Abuín.