Recursos, providencias y sentencias

A principios de 1988, Juan José Moll vivía por completo entregado al seguimiento de sus pleitos. Recursos, apelaciones, revisiones de providencias, autos y sentencias absorvían toda su vida.Convencido de que vivía en el peor de los mundos y de que era víctima de una inmensa conspiración se lanzó a una frenética búsqueda de todo tipo de irregularidades para probar que su caso no era una excepción. Ello le llevó a recurrir el ministrasvase del Ebro -del que había sido autor del proyecto-, el parque de atracciones Bush en Tarragona y la autopista del Garraf. Aunque los tribunales no le han dado la razón su trabajo no ha sido estéril. Sus recursos al minitrasvase del Ebro forzaron que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un dictamen sobre la supuesta radiactividad de las aguas, que de no haber sido por él ni se hubiera planteado. En otros casos ha obtenido el apoyo del fiscal general de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, y sus denuncias han suscitado siempre amplios debates sobre ecología y seguridad.

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Moll está convencido de ser víctima de una cadena de errores judiciales y lucha por lograr una rehabilitación Final como sucedió en el caso Dreyfus.

Cuando después de años de pleitos había reconquistado el derecho a concurrir a nuevas oposiciones una maniobra lo volvió a dejar fuera de combate. Así en febrero de 1988, la Sala Segunda dictó una sentencia que sustituyó la sanción de separación de servicio por la pérdida de 30 días de retribuciones. La sentencia se le notificó a toda prisa en su propio domicilio por una dotación de mossos. La Generalitat tenía especial Interés en comunicarle que en base a esta sentencia quedaba de nuevo excluído de las oposiciones al haber perdido su condición de funcionario transitorio con efectos retroactivos desde junio de 1986.

La desmoralización fue terrible pero no se consideró abatido. Apeló el fallo y se presentó a las oposiciones el 17 de febrero. Pero allí le esperaba el propio Joaquim Tossas para impedírselo. Aunque la sentencia todavía no era Firme, pues la apelación no se resolvió hasta el día siguiente, no se le permitió examinarse.

Dolido recusó a los magistrados e intentó cobrar como parado. Entonces descubrió que la Generalitat no cotizaba por el desempleo, -situación que llegó a afectar a 3.300 transitorios- lo que le llevó a nuevos litigios.

En septiembre de 1988 ganó las oposiciones de ingeniero de Pavimentación en el Ayuntamiento de Barcelona y empezó una nueva vida. Pero él sólo vive por su rehabilitación y ello depende del proceso penal que ha de juzgar a sus perseguidores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 24 de marzo de 1990.

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