Una inmobiliaria financia al CDS con una ayuda del 7% de sus gastos declarados

Una empresa inmobiliaria del grupo dirigido por Luis García-Cereceda financia indirectamente al Centro Democrático y Social (CDS) con más de 100 millones de pesetas anuales. Esta financiación se efectúa a través del alquiler del palacete que alberga la sede principal del partido y la oficina de su presidente, Adolfo Suárez, en pleno centro de Madrid. La inmobiliaria cobra al CDS un arrendamiento ostensiblemente inferior al precio medio del mercado inmobiliario, que se sitúa en la tercera parte del precio real. Ese apoyo económico indirecto equivale al 7% de los gastos declarados anualmente por este partido en los ejercicios de 1987 y 1988. El CDS arrastra una deuda actual de 2.000 millones de pesetas.

El Centro Democrático y Social (CDS) estrenó hace un año su nueva sede, situada en el antiguo palacete de Zabalburu, en la calle Marqués del Duero, en Madrid. El edificio, de unos 3.000 metros cuadrados, es propiedad de la empresa Procisa -Promociones y Conciertos Inmobiliarios SA- quien la alquiló al CDS por la módica cantidad de cinco millones de pesetas mensuales, después de haber efectuado una importante remodelación.La cuantía del alquiler supone, aproximadamente, una tercera parte del precio que, en la actualidad, exigen las empresas inmobiliarias por un edificio de características similares en la misma zona al del antiguo palacete de Zabalburu. El partido de Suárez abona a la inmobiliaria 1.600 pesetas mensuales por metro cuadrado, mientras que los precios de mercado -en idéntica zona- oscilan entre las 4.750 y las 5.000 pesetas metro-mes, según han asegurado varios Agentes del Patrimonio Inmobiliario (API), consultados por este periódico.

10 millones de diferencia

La diferencia entre el precio del alquiler pagado por el CDS y el precio de mercado -en torno a los 10 millones de pesetas mensuales- es una forma de "financiación indirecta del partido", según han asegurado expertos del Tribunal de Cuentas.

Estos mismos funcionarios reconocen, sin embargo, que a través de los actuales resortes de fiscalización, que están establecidos en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos -que entró en vigor en julio de 1987-, es imposible detectar y contabilizar ese tipo de financiación a un partido político.

Procisa, dueña del palacete de los Zabalburu, es una de las empresas instrumentales del grupo inmobiliario Afisa-Lugarce, propiedad de la familia García-Cereceda. En la cúpula de este grupo se encuentra como directora general Petra Mateos, ex secretaria de Miguel Boyer durante su gestión como ministro de Economía Petra Mateos, al mismo tiempo que gestiona la inmobiliaria de los García-Cereceda, lleva la dirección de la Marc Rich and Company SA, de la que Jacques Hachuel es uno de los accionistas mayoritarios. Mateos no ha contestado a la petición de este periódico para contrastar los datos relacionados con el edificio mencionado.

Ese alquiler a bajo precio permitió al CDS una transacción especulativa, que consistió en la venta de su antigua sede, situada en la quinta planta de un edificio situado en pleno corazón de Madrid. Esos locales, que habían sido adquiridos por el CDS en 1983 por 25 millones de pesetas, se vendieron por 224 millones a un grupo editorial vasco, logrando unos beneficios de cerca de 200 millones. En la operación se pagó al intermediario una comisión de 13 millones de pesetas.

Parte de los beneficios de la venta sirvieron para enjugar parcialmente la deuda del partido. No obstante, nuevos compromisos, adquiridos con motivo de las campañas de 1989, han elevado el endeudamiento hasta los 2.000 millones de pesetas, según declaró a este periódico el responsable del departamento de finanzas del CDS, Antonio del Olmo.

Este agujero no se encuentra reflejado en la información que sobre los ejercicios de 1987 y 1988 remitió el CDS al Tribunal de Cuentas, aunque sí constan unas partidas de 307 millones y 691 millones, respectivamente, en concepto de amortización de deuda.

Las finanzas del CDS se nutren en un 45% de subvenciones públicas, y en un 54% por los créditos concertados con entidades bancarias, según la única documentación oficial conocida hasta ahora, que es la que corresponde al ejercicio del año 1987. Sólo el 1% de los recursos declarados procede de fuentes propias, que, siempre según el responsable de finanzas del partido, no son otras más que las cuotas pagadas por los 50.000 afiliados con los que cuenta actualmente el CDS.

"Enigmática partida"

La frágil estructura económica del CDS parece no preocupar excesivamente al Tribunal de Cuentas, o al menos este organismo no ha reflejado inquietud alguna en el informe realizado respecto al ejercicio de 1977. No obstante lo cual, el Tribunal sí detectó gastos por valor de 256 millones, en 1987,, que no están documentados. Esta "enigmática partida" -calificada así en medios próximos al Tribunal de Cuentas- se incrementó ostensiblemente al año siguiente, llegando a ser de 538 millones de pesetas, lo cual representa el 45% de los gastos totales declarados por el CDS en el ejercicio de 1988.

El Tribunal de Cuentas requirió en el mes de octubre pasado al partido centrista para que en un plazo no superior a los 15 días aportase la documentación necesaria para acreditar esos gastos sin justificar. Cinco meses más tarde, el partido de Adolfo Suárez no ha cumplimentado aún este requerimiento, aduciendo dificultades técnicas para fotocopiar todas las facturas y comprobantes de la documentación que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas para resolver esa "enigmática partida".