El fiscal denuncia ante el juez a mandos de la prisión militar de Alcalá

El fiscal togado militar ha presentado ante el juzgado militar territorial de Madrid una querella contra varios mandos de la prisión castrense de Alcalá de Henares (Madrid), presuntamente implicados en un caso de corrupción.Entre los militares en cuya conducta ha apreciado indicios delictivos el fiscal se encuentra el capitán de Infantería Vicente Blázquez Motos, quien el pasado 21 de febrero fue cesado en su destino como responsable de la compañía de servicios del centro penitenciario.

La Oficina del Defensor del Soldado (ODS) denunció a la Fiscalía General del Estado, el 1 de febrero, la existencia de irregularidades en la unidad de la cárcel de Alcalá, donde cumplen el servicio militar unos 80 jóvenes.

El escrito acusaba al capitán Blázquez Motos de haber utilizado a los soldados a sus órdenes para construirse una casa en la localidad de Munuera (Albacete), de haberles hecho trabajar en una huerta famiIiar y de haberlos empleado como maestros particulares para sus hijos.

El mismo oficial era responsable directo de la cantina de tropa de la prisión y del suministro de combustible, servicios ambos en los que se observaron diversas anomalías.

Auditoría

La denuncia de la Oficina del Defensor del Soldado afectaba también a un cabo primero y a un subteniente, encargados de las compras de cocina y propietarios de una empresa que suministraba alimentos al centro penitenciario. Implicaba también a otros dos suboficiales.Inmediatamente después de hacerse públicos estos hechos, el Ministerio de Defensa ordenó la apertura de una auditoría sobre la gestión económica de la prisión y el cierre de una granja clandestina, trabajada por los jóvenes que hacían la mili en la unidad, con más de 600 animales y una producción de superior a los 1.000 huevos diarios; pese a lo cual se compraban huevos para el consumo de la tropa.

El documento entregado a la Fiscalía General del Estado recogía, entre otros muchos ejemplos, que en agosto pasado el cuartel gastó 300.000 pesetas en la compra de madera que fue utilizada para cubrir las paredes del salón del domicilio de uno de los suboficiales supuestamente implicados en los hechos.

"En dicho acuartelemiento", afirmaba la ODS, "no se realizan guardias, y reemplazos enteros no han hecho maniobras ni han ido, como es preceptivo, al tiro, por lo que su servicio militar ha consistido en trabajar la tierra y cuidar el ganado en una instalación ilegal, o en hacer trabajos particulares para algunos mandos".

A instancias del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, y del Ministerio de Defensa, el fiscal togado militar ha realizado una investigación que ha concluido con su decisión de poner los hechos en manos del juez, quien deberá decidir sobre eventuales procesamientos.