El fiscal se opone a que los tres diputados de HB vuelvan al Congreso

La fiscalía ante el Tribunal Constitucional se ha opuesto a que se suspenda la ejecución del acuerdo de Félix Pons, presidente del Congreso de los Diputados, que el 4 de diciembre de 1989 excluyó del Parlamento a tres diputados electos de Herri Batasuna (HB) por haber antepuesto la expresión "por imperativo legal" al acatamiento de la Constitución En el recurso de amparo contra tal decisión, admitido a trámite, se solicitó la suspensión del acuerdo impugnado mientras se resuelve el recurso, que significaría la Incorporación al Congreso de los tres diputados de HB y la consiguiente pérdida de la mayoría absoluta del PSOE.El plazo de tres días concedido al fiscal y a los recurrentes para alegar sobre la suspensión, concluyó ayer. Los magistrados del Tribunal Constitucional que tomaron la decisión de admitir el recurso de amparo e iniciar los trámites para suspender, en su caso, la decisión impugnada, son el vicepresidente Francisco Rubio Llorente -presidente de la sala a la que ha corresponde conocer el asunto-, Eugenio Díaz Eimil y José Luis de los Mozos.

En la resolución adoptada el 12 de marzo último, el alto tribunal pide al Fiscal y a las partes que se pronuncien sobre si la ejecución del acuerdo de mantener fuera del Congreso a los tres diputados de HB mientras se resuelve el recurso "ocasiona un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad".

Perjuicios irreparables

El abogado de los recurrentes, Íñigo Iruín, senador electo por HB, argumenta que la imposibilidad de los tres diputados de HB de "desarrollar la función representativa que les ha sido encomendada por el cuerpo electoral" les ocasiona un perjuicio tanto a ellos como a sus representados, "que impediría luego, de serles otorgado el amparo", razona, "el restablecimiento en su integridad de sus derechos".

Por el contrario, el fiscal se opone a la suspensión, por entender que la permanencia provisional de los tres diputados de HB en el Parlamento produciría "perturbación grave de los intereses generales".

La decisión de oponerse a la suspensión se encuentra avalada por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. Otras fuentes de la ficalía expresaron a este periódico su preocupación por la probable oposición fiscal no sólo a la suspensión del acuerdo impugnado, sino también al otorgamiento del amparo. Tales fuentes manifestaron que la casi segura estimación del recurso por el alto tribunal significaría un nuevo revés jurídico para el Ministerio Público, que repercutiría en el desprestigio profesional de los fiscales y en su imagen pública.

El Tribunal Constitucional resolverá sobre la suspensión de la decisión de Félix Pons en fecha inminente, mientras que la sentencia tardará unas semanas, pero en todo caso menos del tiempo habitual de los recursos de amparo, dada la trascendencia de un fallo del que depende la composición definitiva del Congreso de los Diputados.