Un calvario sindical

EL CALVARIO que desde septiembre de 1986 vive el cabo Manuel Rosa -detenciones, arrestos cuarteleros y cárcel en respuesta a su porfia en defender el derecho de sindicación en el seno de la Guardia Civil- es una más de las desgraciadas secuelas que se derivan de la naturaleza híbrida de este cuerpo armado: de un lado, estructura y disciplina militares, y de otro, dedicación a tareas ordinarias de policía entre la población civil. Tan manifiesta contradicción no sólo repercute sobre sus miembros, trabajadores en la acepción más plena de la palabra, imposibilitados de defender sus derechos laborales y profesionales, y sometidos en todo al libre albedrío de sus mandos, sino también sobre los ciudadanos. La lógica más elemental no ha podido librar hasta ahora a la sociedad civil del contrasentido que supone que su protección y seguridad esté en manos de un cuerpo de policía militarizado. Así, no existe en muchos casos la adecuada proporción entre las armas reglamentarlas y los conflictos y desórdenes públicos en que se emplean.El reciente traslado del cabo Rosa desde la prisión militar de Sevilla hasta la de Alcalá de Henares para evitar la visita solidaria con su lucha de los líderes de UGT y de CC OO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, respectivamente, muestra la beligerancia con que actúan las autoridades responsables del caso. Pero por más dureza que se emplee contra el cabo Rosa, echando sobre él el peso de los códigos militares, la reivindicación que plantea no se resuelve exclusivamente con la represión. La obstinación de los actuales gobernantes -en contra de sus primeras promesas electorales- en seguir considerando a la Guardia Civil como fuerza armada no debería llevarles a rechazar de plano el derecho a la libre sindicación de sus miembros. La Constitución no veda su ejercicio a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, sino que deja a la opción del legislador limitarlo o exceptuarlo en este ámbito, y lo reconoce plenamente en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado.

En todo caso, y sea cual sea la decisión última que se adopte sobre este problema, es intolerable que se persiga con tanta constancia a alguien por reivindicar el derecho fundamental a asociarse sindicalmente y por defender su ejercicio en el seno de un colectivo que soporta graves problemas laborales y profesionales. El Gobierno, en cambio, debería mostrar más determinación en dotar a la Guardia Civil de un régimen disciplinario adecuado al género de vida y a las funciones de sus miembros -tarea a la que le ha urgido el Tribunal Contitucional para acabar con su actual sometimiento a la disciplina castrense- y en buscar cauces para la solución colectiva de sus problemas laborales.