Querella contra el director del juego vasco
Un colectivo de 157 ciudadanos vascos presentaron ayer ante el Juzgado de Guardia de Bilbao, en ejercicio de la acción popular, una querella contra el director de Juego del Gobierno vasco, José Joaquín Portuondo, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en la concesión de licencias para explotar tragaperras. -Estamos moralmente convencidos de que ha habido dinero por medio", declaró el profesor universitario Pedro Ibarra.Los escritores Bernardo Atxaga y Angel Lertxundi, el dramaturgo Alfonso Sastre, los académicos de la lengua vasca Enrique Knorr y Pello Salaburu figuran en la larga lista de personados ante el juzgado mediante poder notarial, junto a abogados, profesores, médicos, sacerdotes, funcionarios y sindicalistas. El espectro político reúne corrientes que dificilmente coincidirían en otras actitudes públicas y abarca numerosos independientes y personas próximas a Eusko Alkartasuna, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra y la izquierda extraparlamentaria.
Los portavoces del colectivo interpretan esta amplitud ideológica y social como un índice del grado de inquietud suscitado en el País Vasco por el escándalo del juego. "Queremos animar a la administración de justicia a investigar a fondo", explicaron.
Investigación
Para los querellantes, resulta extraña la circulación pública de graves acusaciones sobre las tragaperras desde hace varias semanas sin que se haya abierto una investigación de oficio para aclarar los presuntos aspectos delictivos. "No hacemos más que recoger el guante lanzado en el Parlamento por el consejero de Interior, Juan Lasa", aseguró Carlos Alonso, uno de los letrados que representan a los querellantes. Lasa, igual que el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, ha pedido en varias ocasiones que quien sospechara la existencia: de algo ilegal en el juego lo pusiera en conocimiento de los jueces. El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz declaró a su vez que si alguien ha movido dinero en este asunto no ha sido en beneficio del partido.La acción popular ejercida desde ayer se suma a la denuncia presentada el jueves ante el mis mo juzgado de Bilbao por representantes del Sindicato Progresista de la Ertzaintza (ESAN), minoritario en el cuerpo de la policía autonómica vasca. Los portavoces del colectivo ciudadano explicaron que la personalización de la querella contra Portuondo no excluye otras responsabilidades penales y políticas. Los representantes de la acción popular confian para hacer avanzar la investigación en los datos e informaciones procedentes de agentes de la Ertzaintza y pequeños operadores de tragaperra "que no tienen ningún motivo para avergonzarse".
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