La comisión de conflictos de UGT expulsa a tres afiliados implicados en el 'caso Enatcar'
La comisión de conflictos de la federación de transportes de UGT ha acordado expulsar a tres de sus afiliados y ha suspendido de militancia durante dos años a otros dos por comportamientos antisindicales en el grupo de empresas de la antigua dirección autónoma de transportes por carretera de Renfe (Atcar), transformada en empresa nacional Enatcar y cuyas cuentas serán fiscalizadas por el Parlamento.
UGT encargó en junio de 1989 un informe interno para aclarar la actuación de varios militantes con cargos de responsabilidad enatcar. A consecuencia del informe, se remitieron a la -comisión de conflictos los casos de Antonio Durán Pachón, responsable estatal del sector de carreteras de UGT y ejecutivo de Enatcar y su filial Andreo; Gregorio Martínez, miembro de la comisión permanente de la federación y socio de Antonio Durán en la sociedad Discrecionales del Sur (Disursa); Sebastián Lavado, consejero de Andreo, Comercial de Transportes del Mediterráneo y socio asimismo de Disursa; José Canos, delegado de Enatcar en Valencia; Carlos Martínez, delegado de Bacoma en Granada y Fernando Calvo, máximo responsable de Bacoma, Andreo y consejero de Enatcar.Antonio Durán, Gregorio Martínez y Sebastián Lavado, socios de Disursa -empresa que trababa para Atcar y facturaba por importes no justificados, según el informe interno de UGT han sido expulsados de la organización, mientras que José Canos y Carlos Martínez, acusados de firmar un convenio franja en Bacoma para los directivos, han sido suspendidos de militancia.
Fernando Calvo, ex responsable de Bacoma y cuñado del expulsado presidente de Enatcar, Rafael Calvo, no ha sido sancionado por UGT por la simple razón de que la organización ha descubierto que no es militante. El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, anunció el pasado jueves que solicitará al Congreso de los Diputados la fiscalización de las cuentas del grupo de empresas mencionado durante los últimos cinco años ante la posibilidad de que se hayan cometido irregularidades por un importe superior a 1.000 millones de pesetas.
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