La dimensión moral de la crisis

Creo que el nivel de insatisfacción de la izquierda social y política española es enestos días bastante alto. Tanto la referencia más concreta, la acción de Gobierno, como la más especulativa, la formación de un nuevo espacio político internacional, han alterado no sólo viejas evidencias, sino las más recientes previsiones.

No cabe duda -luego me referiré a ello- que los interrogantes internacionales abiertos han adquirido una notable trascendencia, pero deseo indicar desde el principio que el diseño de un espacio exterior no nos exime, antes al contrario, de responsabilidad a la hora de conformar un marco estatal progresista.

Conviene hablar de la responsabilidad de cada cual, ya que en ocasiones parece que sólo unos cuantos estamos obligados a ejercerla. Añadiré que IU está dispuesta a asumir cualquiera, ya sea en el orden político, social o institucional, siempre y cuando se entienda que responsabilidad es, en primer lugar, respetar escrupulosamente el compromiso establecido con electores y electoras.

Los resultados electorales de Izquierda Unida, que en su mitad proceden del PSOE, indican claramente que nuestros votantes están de acuerdo en una acción de izquierda que no sea un apéndice subalterno del Gobierno. Cierto que la autonomía de un proyecto político no implica encontrar la identidad propia en el rechazo a lo ajeno, sino un contraste de programas con voluntad de convenir una acción política. El Grupo Parlamentario de IU ha iniciado la presentación de una serie de propuestas de marcado carácter progresista en torno a cuyo rechazo o aceptación el Gobierno puede expresar la orientación de su gestión.

¿Pero es éste el modelo de responsabilidad que propone el PSOE? Radicalmente, no. Me pregunto qué opinaría nuestro electorado si nos corresponsabilizáramos con la misma gestión que en la legislatura precedente -hasta ahora no se ha propuesto otra cosa-, a cambio de un cargo en esta o aquella institución, de unos miles de millones del Fondo de Compensación para tal o cual comunidad autónoma o de una solidaridad en la falta de transparencia. Rasgos todos ellos de un modelo bastante clientelar sobre el que Felipe González está tejiendo una sorprendente red para sostener su estabilidad.

Felipe González es el primer responsable a la hora de definir una política de Gobierno que, en mi opinión, y muy especialmente tras los resultados electorales, debiera reunir las siguientes características: reconocer la autonomía de las fuerzas políticas y que, en consecuencia, el índice de temas a tratar no corresponde a iniciativa exclusiva de la Moncloa; articular un modelo de transparencia, tras la evidente crisis del que se practica, y, por último, abordar las medidas de izquierda reiteradamente aplazadas.

Me sorprende que tantos epígonos del PSOE que nos animan a remediar la soledad de González no hayan reparado en que la forma de gobierno constituye un rasgo definitorio de una política de izquierdas, porque si no se ejerce del modo indicado contribuye a la desmovilización y la desarticulación política y cultural de los sectores de progreso de la sociedad.

Cualquier hombre o mujer de izquierdas sabe, salvo que dedique sus esfuerzos a estrategias de laboratorio -que siempre han concluido en derrota-, que esta desmovilización, que esta desarticulación es el mejor modo de facilitar el progreso de la derecha. González puede convertirse en el primer responsable del progreso hipotético del Partido Popular si al tiempo que enreda a las fuerzas de centro y la derecha nacionalista en sus propósitos genera la idea de ineficacia a la hora de resolver los problemas sociales o rompe cualquier distinción entre formas y contenidos de gobierno de izquierda o de derechas.

Los mismos que nos proponen como toda contribución renovadora a la izquierda nuestra conversión en corriente testimonial del PSOE han olvidado un pequeño detalle, responsabilidad de González, de la situación política: la pérdida de la dimensión moral de la acción de gobierno.

La opinión pública es consciente del conocimiento que González y Guerra tenían de actividades que se conocen como tráfico de influencias y que llevaron al vicepresidente a presentar, según parece, su dimisión. La ruptura moral que su tolerancia supone se traduce en una responsabilidad política que puede hipotecar la acción del Gobierno, bien por el necesario recurso a otras fuerzas políticas, bien por la crisis que parece abrirse en el partido que lo sostiene.

Evidentes rasgos de crisis en el interior del PSOE parecen deducirse de los datos que aportan los medios de comunicación. No tenemos en IU la menor voluntad de intervención en esos procesos. Pero, en cualquier caso, sería una irresponsabilidad no analizar las dificultades en el partido que sostiene al Gobierno.

Desde mi punto de vista, la crisis se produce tanto por los elementos apuntados -forma de gobierno, dimensión moral- como por la actitud de la dirección socialista, que encubre una práctica política moderada con la tradicional receta socialdemócrata del Programa 2000.

Los resultados electorales obligaron a la dirección del PSOE a abandonar las investigaciones liberal-sociales comenzadas para encajar nuevamente en los documentos la ecuación de distribución y cogestión, que, si no se introducen reformas estructurales, no puede afrontar los cambios culturales, económicos y políticos de la última década.

En cualquier caso, el drama no es sólo la separación entre teoría y práctica, que ya es bastante, sino que muchos socialistas creen -y yo comparto su opinión- que el problema de la izquierda, al final de siglo, es lisa y llanamente atreverse a gobernar con un programa de transformación, abandonando el pragmatismo, que no es sino un pensamiento débil, que esconde una adaptación pasiva a la modernización en curso y cierta sumisión al discurso económico y social de los poderes económicos y financieros.

Para prestar una primera y aún insuficiente atención a las cuestiones sociales ha hecho falta que IU aumentara en un millón los votos recibidos el 29-O. Me complace comprobar la eficacia de mi información política, pero me interrogo por el significado del apoyo de González a la política de ajuste de Solchaga ante una nueva fase de negociaciones con los sindicatos que tienen que ver con la orientación de la política económica y donde puede producirse un encuentro entre el PSOE y la derecha, por ejemplo en el tema de la huelga.

Si la obligación de la izquierda es gobernar con un programa que trate de superar las desigualdades y los fenómenos de dominación inherentes a la economía de mercado, y que como la historia no ha concluido, parece que los socialistas españoles no están en condiciones de asumir colectivamente este reto, debido al bloqueo de su

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cúpula dirigente. Nuestra colaboración orgánica sería una cesión tan prematura como inútil.

El progreso de la derecha no procedería, en este caso, de esa invención estúpida de la catarsis a la española, sino de la convergencia de los socialistas con la versión liberal de la economía de mercado y la desarticulación de la izquierda real de este país.

La autonomía de proyectos políticos y programas sobre los que confluir son los mecanismos de renovación de la acción política que la izquierda debe poner en marcha. Parece evidente que los cambios en curso han abierto la posibilidad de articular una extensa área democrática europea que no será una realidad de valores socialistas si la izquierda no asume la responsabilidad de arrebatar a las fuerzas del mercado (económicas y políticas) la hegemonía del proceso.

Para tal objetivo es necesario refundar las culturas transformadoras sobre una base programática, radicalmente democrática, que agregue en una nueva síntesis no sólo a socialistas y comunistas, sino a muchas culturas críticas que ofrecen respuestas que la izquierda tradicional, marxista o no, no aborda en los terrenos del deterioro ecológico, el sexismo o la dependencia económica, por ejemplo.

Para ello no basta afirmar una adhesión fervorosa a la Unión Política Europea o limitarse al diseño de una fuerza de gobierno que sin programa o excluyendo la pluralidad sólo sería un formato totalizador y excluyente que no superaría las formas tradicionales de hacer política.

Este programa debe considerar la seguridad europea desde la perspectiva de la inutilidad de las alianzas militares, de la búsqueda de una seguridad compartida basada en principios políticos y en la cooperación y, muy especialmente, desde la solidaridad. Uno tiene la impresión de que la construcción europea puede consentirse en un pacto del Norte que profundice la dependencia económica y deje (por ejemplo, a Latinoamérica ante la dramática opción de liberalismo salvaje o narcotráfico) al Tercer Mundo a merced de las actuales relaciones de dependencia.

Programa, también, para la economía social ante el riesgo evidente de un mercado único que provoque exclusiones sociales que no puede corregir el actual diseño de carta social o articule un desarrollo europeo desigual (si el mercado único se convierte en un área económica del marco alemán).

Resolver la crisis interior -de estabilidad, de la dimensión moral, de su relación con la sociedad- y abordar un nuevo programa exterior es la responsabilidad de González. Izquierda Unida cumplirá la suya, que no es otra que mantener el compromiso con sus electores y su enraizamiento en la izquierda social y política española.