Dos contra Bossano
Si la colaboración hispanobritánica sobre el blanqueo del dinero no acaba de arrancar, la cooperación bilateral para forzar a Gibraltar a aplicar el acuerdo de 1987 sobre su aeropuerto va, en cambio, viento en popa. A cambio de aceptar la inclusión de la colonia en la primera fase de la liberalización aérea, Madrid consiguió entonces que Londres pactase compartir el pequeño aeródromo mediante, entre otras cosas, la construcción de una terminal en el lado español de la verja a la que puedan acceder directamente los pasajeros que allí desembarquen.
Joe Bossano, ministro principal de Gibraltar, se ha negado a poner en práctica este compromiso por considerar que era una cesión de soberanía y, en consecuencia, el Peñón ha quedado excluido no sólo de la primera fase de la liberalización, sino de la segunda, aprobada ulteriormente, porque España y el Reino Unido así lo pidieron al Consejo de Ministros de la Comunidad Europea (CE).
Disconforme con la suspensión de la participación de Gibraltar en la desregulación aérea hasta que cumpla el acuerdo hspano-británico, Bossano ha recurrido la decisión del Consejo de Ministros de los doce ante el Tribunal de Justicia de la CE, y España y el Reino Unido han hecho frente común para pedir a la más alta instancia judicial comunitaria que no admita a trámite el recurso porque Gibraltar carece de competencias en materia de política exterior.
El 5 de marzo el Tribunal de Luxemburgo deberá tomar una decisión, y si ésta fuese, en contra de lo previsto, favorable a las tesis de Bossano, España y el Reino Unido actuarán de nuevo codo a codo para defender ante la corte su derecho a no incluir a Gibraltar en la liberalización del transporte aéreo. "Rehusando cumplir el acuerdo, los gibraltareños se perjudican a sí mismos", afirma un diplomático británico, "porque se privan de la posibilidad de acoger vuelos procedentes de toda Europa".
