Siete profesores llevan nueve años sin cobrar su liquidación por el retraso de un juicio

Siete profesores que en 1980 reclamaron al colegio en el que trabalaban sus liquidaciones por fin de contrato, continúan sin cobrar, ya que todavía no se ha celebrado el juicio contra el representante del colegio, al que acusaron de presentar en Magistratura de Trabajo siete recibos falsos de saldo y finiquito.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que se denunció el caso, contestó que el retraso de la Audiencia Provincial de Madrid en celebrar el juicio "obedece a causas estructurales" y el Defensor del Pueblo informó que el tribunal tiene 3.000 asuntos pendientes de señalamiento de juicio.

José Miguel Martírtez González del Campo, abogado de los siete profesores, se dirigió el 22 de mayo de 1989 al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo con el propósitode que se adoptaran las medidas necesarias "para restaurar la violación del derecho de mis defendidos", decía, "a un proceso justo y sin dilaciones indebidas". El letrado daba cuenta de que la querella contra el representante del colegio fue presentada en diciembre de 1980 y admitida a trámite el 17 de enero siguiente.

Delito de falsedad

En octubre de 1984 el querellado fue procesado por la posible comisión de un delito de falsedad en documento privado y, tras concluirse el sumario un año después, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid fijó el juicio para el 17 de diciembre de 1987, pero hasta el momento no se ha celebrado. El abogado de los profesores invocó el artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho un proceso "sin dilaciones indebidas", así como la doctrina de Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según los cuales, la acumulación de trabajo o las deficiencias estructurales no justifican el incumplimiento por parte de los Estados del mencionado derecho fundamental de los ciudadanos. Sin embargo, la respuesta del CGPJ ha sido el archivo de la denuncia, por considerar que el retraso se debe a "causas estructurales". Por su parte, el Defensor del Pueblo, en un escrito firmado por su titular, Álvaro Gil-Robles, transmite la respuesta del fiscal general del Estado, según la cual el retraso se debe al "volumen de asuntos conclusos y únicamente pendientes de señalar -más de 3.000- y a la lógica prioridad de los asuntos con preso".A la vista de este informe, Gil-Robles comunicó al letrado el pasado mes de enero: "Prosigue nuestra investigación, de cuyo resultado le mantendremos informado".