La CEOE ofrece sustituir el control sindical por una negociación para revisar el sistema de contratación
La CEOE ofrece al Gobierno y a las centrales sustituir el acuerdo que han suscrito sobre el control de la contratación laboral por una negociación que tenga como objetivos la revisión total del sistema de contratación, la desaparición de las subvenciones y el establecimiento de medidas contra el fraude, en línea con los criterios generales imperantes en los países de la CE. En una cumbre celebrada ayer, la patronal ratificó su oposición rotunda al control sindical, y algunos de los 400 dirigentes empresariales llegaron a afirmar que como los pactos vean la luz se pueden resentir las futuras contrataciones.
En la primera reunión celebrada por CEOE dentro de su campaña contra los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los sindicatos sobre el control de la. contratación, los empresarios han hecho suyas las resoluciones de la junta directiva de la patronal y en concreto la iniciativa de promover cuantas actuaciones procedan en derecho, incluidas las que puedan iniciarse ante el Tribunal Constitucional, cuando esos pactos se plasmen en normas legales o reglamentarias. También mantendrán reuniones, aún sin fecha, con los partidos y los grupos parlamentarios para comunicarles los planteamientos de CEOE, in15ormación que harán extensiva al Gobierno español, a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y a la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE).Los empresarios españoles también serán informados a través de una serie de asambleas del alcance que tiene el control sindical para el funcionamiento de las empresas y del sistema de economía de mercado y desde la cumbre empresarial se les hace una recomendación: "Cumplimentar las formalidades y documentos relacionados con la contratación exclusivamente en las oficinas de empleo" hasta que la nueva reglamentación vea la luz.
Las intervenciones de algunos de los 400 dirigentes empresariales fueron aún más lejos, con un denominador común, la oposición frontal a cualquier tipo de control, el considerarlo lesivo para la libertad de empresa y la preocupación por los efectos de la norma sobre la futura creación de empleo. Las intervenciones más duras fueron las de los representantes de los sectores del calzado y la alimentación, que incluso ponen en cuestión el promover nuevas contrataciones.
Una iniciativa nueva acordada por los presidentes, secretarios generales y vicepresidentes de las 200 organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE consiste en pedir al Gobierno y a las centrales que anulen sus acuerdos y sustituirlos por una negociación para la revisión total de las contrataciones. Los empresarios están dispuestos asimismo a la desaparición de las subvenciones y a establecer medidas contra el fraude laboral en toda su extensión.
Rechazo de las centrales
Los sindicatos aceptan debatir esas cuestiones con la patronal pero no van a modificar ni a revisar los pactos alcanzados con el Gobierno, que ya comunicó a la patronal que "no está dispuesto a cambiar ni una coma". A juicio de Comisiones, la CEOE pretende "rehuir sus responsabilidades inventándose nuevas propuestas". El dirigente de la central Ángel Campos pide a la patronal que respete sus compromisos del pasado 2 de diciembre y firme el pacto prácticamente cerrado sobre formación profesional. A partir de ahí, el sindicato se muestra abierto a discutir por una parte con los empresarios y por otra con el Gobierno la futura política de contrataciones y subvenciones.
El dirigente ugetista Apolinar Rodríguez entiende que la única oferta nueva que hace CEOE es que los sindicatos abandonen su compromiso con el Gobierno. En su opinión no cabe esa propuesta porque "supondría renunciar al desarrollo democrático del derecho de información que tienen los representantes legales de los trabajadores".
La UGT sí aceptará abordar en su momento un proceso de diálogo para revisar las 14 modalidades de contratación que ahora existen, con un objetivo claro que la eventualidad sea una excepción. Ese punto es uno de los propuestos por las centrales sindicales al Ejecutivo que éste ha aceptado ya discutir, aunque el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, es partidario de que una comisión de expertos estudie previamente qué modalidades de contratación son las menos usadas y las más sujetas a fraude para evitar que la reforma tenga un impacto negativo en la futura creación de empleo.
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