El fiscal del Estado acusará de calumnia a 'El Mundo' por una noticia del 'caso Guerra'

El fiscal general del Estado, Lepoldo Torres, presentará "en las próximas horas" una querella contra el diario El Mundo por presunta calumnia al Gobierno, consistente en describir una conducta prevaricadora del Ejecutivo al informar sobre supuesto trato de favor a Juan Guerra, hermano del vicepresidente. Con esta decisión, Torres desatiende los criterios técnico-jurídicos a los que inicialmente proyectaba atenerse y asume la tesis del presidente del Gobierno, Felipe González, que, tras el debate parlamentario sobre el caso Guerra, anuncio que exigirá responsabilidades "porque se nos acusa", dijo, "de prevaricar".

La decisión del nuevo fiscal del Estado produjo ayer conmoción en medios judiciales y fiscales, que insistieron en el error técnico de interponer una querella contra una conducta no suficientemente perfilada como delito. El diario El Mundo publicó el pasado 31 de enero una información titulada Juan Guerra fue mencionado en un Consejo de Ministros que le aprobó una subvención, en la que se recogía que "un alto dirigente socialista" no identificado, había conocido "directamente a través de un miembro del Gobierno presente en esa reunión" que dos ministros mencionaron en la misma a Juan Guerra, en relación con la concesión de una subvención a Construcción Modular Andaluza, SA (CMASA).Torres anunció ayer la inminente presentación de una querella, que firmará personalmente, contra los autores de la información -Melchor Miralles, Pedro Tena, Fernando Garea, Juan Carlos Escudier y Carlos Salas-, por un delito de calumnia del artículo 361.1 del Código Penal, que castiga con penas de seis a doce años de cárcel a "los que injuriaren o calumniaren gravemente", entre otras instituciones, "al Gobierno".

Acusación de favoritismo

El fiscal general del Estado explicó que la atribución al Gobierno de un delito de prevaricación se realiza cuando en la información se señala que la concesión de la subvención a CMASA se produjo en actitud clara de favoritismo", expresión ésta utilizada en la primera página de El Mundo. El segundo elemento de la presunta calumnia es, según Torres, "la acusación a dos miembros del Gobierno de un delito de violación del secreto sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros". [El Mundo hacía referencia a la revelación de "un miembro del Gobierno"].Una alta fuente de la carrera fiscal aseguró privadamente que el informe de la secretaría técnica es negativo y que otros consejos jurídicos recibidos por Torres iban igualmente dirigidos contra la interposición de la querella. El propio Torres tenía previsto el miércoles pasado vincular su decisión a dicho informe, que no contenía conclusiones. El fiscal no facilitó el informe de la secretaría técnica, mientras que los miembros de este gabinete mantuvieron un absoluto mutismo sobre su contenido. La alta fuente de la fiscalía ya citada señaló que el cambio de criterio se ha producido "en el fin de semana".

Al término de la sesión parlamentaria del pasado día 1 sobre el caso Guerra, el presidente González, en unas declaraciones en los pasillos del Congreso, se refirió, sin mencionarla, a la información de El Mundo y dijo: "Yo les aseguro aquí que voy a exigir responsabilidades, porque se nos acusa de prevaricar". González agregó: "Esas son las reglas justas del Estado de derecho. No creo que es posible acusar a un Gobierno de prevaricación o de ése y otros delitos sin que haya absolutamente ninguna consecuencia, es decir, la principal regla del Estado de derecho es que no puede existir la impunidad para nadie".

El presidente del Gobierno recordó el caso Rick y su desenlace sin consecuencias y aseguró que acepta bien las críticas, pero que "cuando se cuestiona, y se ha cuestionado seriamente la honradez personal de los que ejercemos esta función, es lógico que ustedes piensen", dijo a los periodistas a los que se dirigía, "que no estamos dispuestos a soportar esas calumnias".

En conexión con esta línea argumental, Torres manifestó ayer su "profundo respeto a la libertad de expresión", para añadir inmediatamente "pero también por la legalidad vigente, que obliga a todos los ciudadanos por igual". En cuanto a la posible investigación sobre el ministro que presuntamente informó al alto dirigente del PSOE citado por El Mundo, Torres señaló que sólo se abordará tal investigación si así resulta de la indagación que se inicie.