Rumasa denuncia al Poder Judicial el retraso de tres años en tramitar demandas contra Ruiz-Mateos

La Rumasa pública presentó el lunes último una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso de tres años padecido en la tramitación de tres demandas acumuladas contra José María Ruiz-Mateos -fundador de Rumasa, de la que fue expropiado en 1983-, por un importe total superior a los 20.000 millones de pesetas. La denuncia detalla que no se ha practicado la prueba en relación con ninguna de las tres demandas, que se encuentran estancadas en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, del que es actual titular Rafael Gómez Chaparro.

La sociedad denunciante, participada al 100% por el Estado, pide al CGPJ que abra expediente a los magistrados responsables del retraso o realice las gestiones oportunas para que el juez Gómez Chaparro que se encuentra al frente del juzgado desde hace unas semanas, emplace a Ruiz-Mateos en relación con la tercera de las demandas interpuestas y per mita la continuación del procedimiento, paralizado desde hace un año. Los anteriores titulares del juzgado en el que se encuentran acumuladas las tres demandas fueron los magistrados Pablo Quecedo Aracil y Enrique Escobar.'Donativos' sin recibo

El primero de los tres pleitos mencionados se inició en diciembre de 1986 y reclamaba a Ruiz-Mateos y sus hermanos 480 millones de pesetas repartidos en concepto de dividendos por una sociedad que arrojaba pérdidas, por lo que, según los demandantes, era ilícito tal reparto. Por la segunda demanda interpuesta a principio de 1987 la Rumasa pública reivindicaba 16.493 millones de pesetas, correspondientes a capital social que aparecía como suscrito y desembolsado en metálico y que no lo había sido, según la auditorías a que fue sometida la sociedad durante su última etapa en poder de Ruiz-Mateos.

Mediante la tercera demanda, la Rumasa controlada por la Administración del Estado reclamó a Ruiz-Mateos un total de 3.239.422.561 pesetas, correspondientes a una serie de donativos de los que no existen recibos de haber sido percibidos por los donatarios. El grueso de estas cantidades, contabilizadas como donativos, se produjo, según la sociedad. demandante, entre 1979 y 1982, año este último en el que tales partidas alcanzaron el importe de 1.571 millones de pesetas. Según la documentación aportada por los demandantes, la disposición de tales cantidades no estaba justificada por los beneficios de la sociedad, que entre 1977 y 1982 tuvo pérdidas por 98.600 millones de pesetas.

En el escrito dirigido al órgano de gobierno del poder judicial, Rumasa, SA señala que, a petición de los demandados, la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid acordó acumular las tres demandas por un total de 20.212.422.561 pesetas, en el Juzgado de Primera Instancia número 10, que conoció de la primera demanda y por el que han pasado ya varios jueces.

Ante la tardanza registrada Rumasa se dirigió en abril de 1989 a dicho juzgado para que continuara la tramitación del procedimiento, petición que reiteró tres meses después, a pesar de lo cual persiste la irregularidad de no haber sido emplazado el demandante para contestar la tercera demanda, según Rumasa.

Entre las faltas disciplinarias en que podrían haber incurrido los magistrados afectados, está calificada como "muy grave" -que puede ser sancionada con suspensión, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial- la tipificada en el artículo 417 de la ley orgánica del Poder Judicial como "el abandono o el retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función judicial".

Fuentes jurídicas de la Rumasa pública manifestaron que la intención de su denuncia no es tanto la de lograr que se sancione a los magistrados como la de poner en conocimiento del órgano de gobierno del poder judicial la situación producida, a fin de que por los mecanismos de la inspección de tribunales o por cualquier otro medio se consiga desbloquear el retraso producido en esta causa.