Un asesor de Álvarez del Manzano compró en 1988 la finca de Ribera de Curtidores desalojada ayer

José Antonio Martínez Arroyo, funcionario municipal, consejero de la Empresa Municipal de Transportes y miembro del departamento asesor en temas de empresas que tiene el primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, es el propietario del 45% de la finca de Ribera de Curtidores, 6, que ayer fue desalojada por orden judicial tras haber sido declarada en ruina. Martínez Arroyo reconoció haber comprado la casa cuando estaba afectada por expediente de ruina y manifestó que no creía haber especulado con ella. "No sé si los especuladores seremos nosotros o los inquilinos, que han cobrado 40 millones en indemnizaciones", aseguró. Los grupos de la oposición han pedido que el tema sea investigado.

El desalojo de los vecinos de la finca número 6 de la Ribera de Curtidores se produjo hacia las 11 de la mañana con normalidad. En poco más de hora y media las familias ocupantes abandonaron la casa y el funcionarlo del juzgado precintó la finca en medio de los gritos de los vecinos de otras casas afectadas por expedientes de ruina, entre ellos los de Cava Baja, 30.Sin embargo, la polémica se desató en el Ayuntamiento después de que los vecinos denunciaran públicamente que uno de los propietarios es José Antonio Martínez Arroyo, un funcionario afecto a la primera tenencia de alcaldía. Martínez Arroyo reconoció a este periódico haber adquirido la finca el 9 de abril de 1988 en unión de Arlano Garzón Martínez y Pedro Jesús Alonso Robles. Según consta en la escritura fechada en febrero de 1989, la finca fue comprada el 9 de abril de 1988 en la cantidad de 21.675.250 pesetas.

"Nosotros tuvimos conocimiento de que se vendía la casa porque la hija de Consuelo Montealegre, una de las antiguas propietarias, es funcionaria", dijo Martínez Arroyo. "Durante la negociación nos dijeron que el Ayuntamiento había abierto un expediente de ruina unos meses antes, en octubre de 1987. No hemos especulado. Especular depende de cómo se compre y nosotros siempre hemos tenido la intención de llegar a un acuerdo con los vecinos".

"Cada uno con su patrimonio puede hacer lo que quiera", aseguró el funcionario perteneciente a la dirección de servicios de Régimen Jurídico y Seguimiento de Empresas. Según Martínez Arroyo, los tres propietarios han tenido que indemnizar a los inquilinos con 40 millones de pesetas. "El de la tienda de antigüedades ha recibido 24 millones y el de la tienda de discos, siete millones y medio. El ocupante de uno de los pisos ha recibido tres millones y medio; el de una buhardilla, 1.250.000 y el de otra buhardilla que se usaba como almacén, 625.000. Una persona muy mayor que vivía en otro piso va a pasar a un piso tutelado por el Ayuntamiento", aseguró.

Los propietarios tendrán que pagar además los más de ocho millones que costó el apuntalamiento de la casa realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en acción sustitutoria y los 8.500.000 pesetas que costará la demolición. Aunque la ruina es parcial, Martínez Arroyo cree que la casa, construida hace 140 años, corre peligro de caerse.

Actividad legal

"No me afecta un negocio en el que pueda estar involucrado uno de los quinientos funcionarios que trabajan en la primera tenencia de alcaldía. No pregunto ni a mis colabores más próximos dónde invierten su dinero. Lo que sería grave es que un funcionario se valiera de su puesto en beneficio propio, lo que no se ha puesto de manifiesto. Yo no voy a defender a nadie que realice una actividad ilegal", dijo Álvarez del Manzano, quien insistió que Martínez Arroyo tiene un puesto de asesoramiento y no ejecutivo.El primer teniente de alcalde, sin embargo, afirmó desaprobar éticamente la compra de casas en ruina. "No he tenido jamás relaciones personales con casas declaradas en ruina y me merece poco crédito esta actividad", aseguró Álvarez del Manzano, que ha pedido un informe sobre el caso.

También el PSOE ha solicitado que el tema sea investigado en la Comisión de Casas en Ruina, en la que ya fue tratado el expediente de Cava Baja, 30, finca comprada por una empresa participada por una sociedad del entonces concejal Ramón Tamames. Jesús Espelosín, concejal socialista, recordó que su grupo propuso la exproplación municipal de Ribera de Curtidores, 6, en varias ocasiones, lo que no pudo lograr ante la oposición del PP y CDS.