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Indicios de irregularidad en la gestión de bienes públicos

La Fiscalía del Estado investiga presuntos delitos en la dirección de la antigua Atcar, de Renfe

El Ministerio de Transportes ha remitido a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración documentación referida a 12 actuaciones presuntamente irregulares en las filiales de la antigua Dirección Autónoma de Transportes por Carretera (Atcar), dependiente de Renfe hasta el 1 de diciembre de 1988. En esta fecha se creó la Empresa Nacional de Transportes por Carretera, (Enatear). En conjunto, las operaciones sujetas a investigación podrían suponer más de 1.000 millones de pesetas, según afirman fuentes del propio ministerio sobre datos de la investigación, que aún no ha concluido. El responsable de la antigua Atear y posteriormente de Enatcar, Rafael Ortega, fue destituido en octubre de 1989.

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La documentación remitida por el Ministerio de Transportes a la Fiscalía General del Estado en noviembre de 1989 detalla los estados financieros no auditados -pero sí comentados por la firma auditora Peat Marwick- de la dirección de Atcar (actual Enatcar) a 30 de noviembre de 1988 y las auditorías de sus filiales Transportes Bacoma, SA (100% de Enatcar), Andreo (100% de Bacoma) y Comercial de Transportes del mediterráneo (CTM, perteneciente a Andreo y a Bacoma, realizadas asimismo por Peat Marwick y referidas al año 1988. Las pérdidas del ejercicio en cada una de las sociedades ascendieron a 398 millones de pesetas.en Bacoma, 1,1 millones en CTM y 249 millones en Andreo. Bacoma carece de actas del consejo de 1982 a 1989, CTM no dispone de actas desde octubre de 1987 hasta junio 1989 y Andreo carece de actas y de contabilidad. Por todo ello, el informe de Peat Marwick "no expresa opinión".Entre las 12 operacione3 que están siendo investigadas, destacan tres por su cuantía: la adquisición por parte de la sociedad CTM, mediante leasing, de 80 autocares Mercedes Benz por un importe superior a 2.000 millones de pesetas en agosto de 1988; la compra por parte de CTM de la concesión Sevilla-Algeciras a la familia Suárez,por cerca de 500 millones de pesetas (de los cuales tan sólo se han cobrado 75 millones) y la compra de la línea Ugijar-Estación de Calasparra por parte de la sociedad Andreo a la empresa Alsina Graells, con un presunto desvío de 60 millones de pesetas.

Precios superiores

De los 80 autocares Mercedes adquiridos por CTM, 43 se contrataron a través de la empresa Aresleasing y 37 a través de Interleasing. El precio final medio de los primeros, completamente equipados, ascendió a 29 millones de pesetas por unidad. Los segundos se adquirieron a 30 millones de pesetas por unidad. En ambos casos, según se asegura en el informe remitido a la fiscalía, el precio es entre cuatro y cinco millones superior a lo habitual en el mercado.

Además, la investigación posterior hizo salir a la luz facturas de compras de elementos ya adquiridos (televisores, vídeos y frenos). El firmante de algunas de las facturas, el empresario sevillano Antonio Teruel Urbaneja, no ha sido localizado en el domicillo que figura en las mismas, según el Ministerio de Transportes. Asimismo, la sociedad John and John Dos (del empresario Juan de Juan, antiguo accionista de la compañía Ubesa) contrató con CTM el suministro durante cinco años de ruedas Good Year (por importe de unos 100 millones de pesetas) para dichos autocares, a pesar de que éstos estaban completamente equipados.

Otra de las operaciones que han levantado sospechas es la compra por parte de CTM de la concesión Sevilla-Algeciras a la familia Suárez por importe de unos 500 millones de pesetas, 200 de los cuales avaló Bacoma y 210 el Banco Popular. Según el informe remitido al fiscal, la concesión pertenece en la actualidad a la sociedad Transportes Bética, en la que se ignora si participa CTM. Transportes Bética, propiedad de Juan Antonio Ruiz, presta el servicio con autocares de La Unión de Benisa (una de las filiales de Enatcar) sin que, según el informe, "la utilización se sustente en título alguno". Delos 500 millones de pesetas, Enatcar ha cobrado 75.

En cuanto a la compra de la línea Ugíjar-Estación de Calasparra por parte de Andreo, en julio de 1987, la documentación apunta a un desvío de unos 60 millones de pesetas. Andreo suscribió con Transportes Alsina Graells, sociedad titular de la línea, un contrato para ceder la titularidad a Renfé. Andreo se hacía cargo de la explotación. El contrato de compra Andreo-Alsina ascendió a 358 millones de pesetas. Andreo se reservó el tramo más rentable en propiedad. Al fin, los créditos instrumentados por Renfe y Bacoma para llevar a cabo la operación ascendieron a 419 millones de pesetas.

Posteriormente, Andreo vendió su tramo a la sociedad Autocares Costa Cálida (en la que supuestamente tienen responsabilidades sindicalistas vinculados a otras filiales del grupo) por 112 millones de pesetas que no constan en parte alguna. Los socios de Costa Cálida vendieron a su vez el tramo adquirido a la empresa Andreo a Cecilio y Carlos Cereceda. Cecilio Cereceda, empresario salmantino del sector, aparece en el consejo de la sociedad SAIA, participada por Enatcar, en el registro mercantil consultado por UGT.

La situación contable de Enatcar y sus filiales es confusa. En el Ministerio de Transportes -donde se llega a hablar de "una nueva Rumasa"- se afirma que las sociedades han actuado con el criterio de caja única para sus actuaciones. Así se desprende del balance de situación consolidado del grupo Bacoma del ejercicio 1988 realizado por Peat Marwick y entregado al consejo de Enatcar el 7 de noviembre de 1989. Según recomienda el auditor, "el balance no debería ser presentado a terceros ajenos a los consejeros de la entidad", ya que no recoge toda la información y las notas explicativas que requieren los principios de contabilidad generalmente aceptados. En dicho balance, el grupo integrado por Bacoma, Andreo y CTM arroja unas pérdidas acumuladas netas al 31 de diciembre 1988 de 316 millones de pesetas.

Situación financiera

Según fuentes de la actual dirección de Enatcar, la situación financiera de la empresa pública estaba tan poco clara que sólo ahora se ha comenzado a reclamar deudas, cuyo pago nunca fue exigido, a diferentes organismos

Entre los responsables de Enatcar y sus filiales, además de Rafael Ortega, destituido en octubre de 1989, han dejado sus funciones Fernando Calvo, ex concejal de Alcalá de Heilares por el PSOE, cuñado de Rafael Ortega y alto directivo de Bacoma, Andreo y CTM. Fernando Calvo fue destituido por su cuñado a raíz de la compra, en julio de 1988, de los 80 autocares Mercedes por importe superior a 2.000 millones de pesetas. Asimismo, existe un expediente informativo sobre los empleados de Enatcar Elena Montero y Eduardo Melgar, por la emisión de pagarés por importe de 240 millones de pesetas en la sociedad Andreo. En este último caso, en opinión del actual presidente de Enatcar, Julen Elgorriaga, no existen indicios de comportainientos punibles, si bien se ha preferido prescindir de los empleados "hasta que todo se aclare".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de febrero de 1990

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