El Gobierno modificará próximamente la legislación sobre el aborto, según Matilde Fernández

La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, dijo ayer a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está preparando un nuevo tratamiento legal al tema del aborto, que se llevará a cabo mediante la reforma del Código Penal. Esta reforma, que supondrá un nuevo tratamiento a los supuestos contemplados en la polémica ley del aborto, se realizará este mismo año. La ministra, que compareció en la Comisión de Política Social y Empleo, dijo que su departamento prepara un plan integral para la infancia en el que se incluye la ley de los derechos del niño.

Matilde Fernández adelantó a los diputados las medidas que tiene previstas su ministerio para la presente legislatura, "que pretende cubrir tres grandes objetivos: el incremento de participación social, el avance de la igualdad de oportunidades y la protección de grupos sociales afectados por carencias". En la sesión estuvo presente, entre otras, la diputada Carmen Romero, esposa del presidente del Gobierno, Felipe González.En este contexto, la ministra de Asuntos Sociales anunció la presentación al Parlamento, en el transcurso de esta legislatura, de un proyecto de ley de fundaciones y asociaciones y la reglamentación, "mediante la norma de mayor rango posible", del voluntariado social. También dijo que estaba muy avanzada la redacción de un plan integral para la infancia «que recoja las aportaciones de toda la Administración del Estado y ponga especial énfasis en los sectores sociales y colectivos con mayores necesidades".

Protección del niño

En correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito internacional "vamos a promover una ley de los derechos del niño", señaló la ministra, "que garantizará sus actuaciones en relación con la familia, dignidad e integridad personal, salud, educación, información y protección ante determinadas situaciones".También habrá para la próxima legislatura un plan integral de la juventud, cuyo borrador está en fase de finalización dirigido a la inserción social, a la formación, promoción de la salud, acceso a la vivienda, respeto a la creatividad e igualdad de oportunidades. En materia de asistencia a la mujer se dará prioridad, según Matilde Fernández, a los programas para mujeres solas con cargas familiares o maltratadas, y se refirió al segundo plan para la igualdad de la mujer, que comenzará a finales de este año y en el que se contemplarán cuestiones de empleo, educación y reparto de responsabilidades de las mujeres, así como programas destinados a colectivos específicos (maltratadas o con cargas familiares).

El programa de protección social se centrará en las personas mayores de 65 años, a las que se les podrá facilitar asistencia institucionalizada en residencias y ayudas a domicilio. Además se ampliará la oferta de plazas de las residencias y se tratará de conseguir que todas éstas, tanto públicas como privadas, se adapten a unos requisitos mínimos de construcción, plantillas y servicios. A los planes de asistencia para las personas mayores habrá que añadir los programas de ayuda a los minusválidos, así como a las minorías étnicas, los gitanos, los asilados y los refugiados.

Críticas

La ministra de Asuntos Sociales tuvo que oír las críticas de casi todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE y del Centro Democrático y Social. Algunos de ellos pusieron en duda, incluso desde el punto de vista "teórico o filosófico", la necesidad de la misma existencia del Ministerio de Asuntos Sociales. Los representantes de Izquierda Unida Narcís Vázquez y del Grupo Parlamentario Vasco Emilio Olabarría pidieron a la ministra que explicara en el Congreso la situación de la ONCE ante las últimas informaciones que se refieren a las actuaciones financieras y empresariales de esta organización, planteada en principio como grupo sin ánimo de lucro. La ministra se mostró de acuerdo en informar "sobre este organismo tutelado por el Ministerio de Asuntos Sociales". La ministra tuvo que responder también a las críticas de Celia Villalobos, diputada del Partido Popular, sobre distintas cuestiones relacionadas con el control de las subvenciones.