Ajuste fino versus' ajuste duro

El autor afirma que, según los últimos datos del Banco de España, la economía española creció el año 1989 un 4,8%, continuando la senda de crecimiento iniciada a mediados de 1985, con tasas de incremento del producto interior bruto del 5% anual, lo que la convierte en la de más alto crecimiento de toda la OCDE.

Desde el año 1986, el crecimiento del PIB es debido a la aportación de la demanda interna, mientras que la demanda externa tuvo una aportación negativa. Tanto es así que si el crecimiento real de las exportaciones hubiera sido similar al de las importaciones, el crecimiento del PIB anual hubiera superado el 7%.En un país de economía abierta como la española, con un diferencial de inflación de hasta dos puntos con respecto al resto de los países de la Comunidad Europea y con un crecimiento basado en la demanda interna, la política económica se orientó hacia el mantenimiento de un tipo de cambio estable para la peseta con una política monetaria restrictiva y una política fiscal. expansiva.

En los seis primeros meses del año la demanda nacional creció un.8,1%, alcanzando la diferencia entre el crecimiento de la demanda nacional y el crecimiento del producto interior bruto su valor máximo desde el año 1985.

El crecimiento acelerado de la demanda agregada, superando a la oferta, agravó el desequilibrio del sector exterior y las tensiones inflacionistas. Este escenario se completaba con un crecimiento excesivo de las magnitudes monetarias y de la financiación crediticia al sector privado que desbordaba las previsiones en la autoridad monetaria.

En los meses siguientes se hizo evidente el riesgo de que estos desequilibrios desembocasen en una ruptura brusca de la senda de crecimiento de la economía española. Los principales indicadores de convergencia nominal de la economía española con los niveles medios de los países del SME (precios, costes y saldo de la balanza corriente) empeoraron, lo que crea graves dificultades de adaptación a los requisitos de competitividad del Mercado único Europeo.

Para corregir estas desviaciones, las autoridades han adoptado diversas medidas monetarias y fiscales a lo largo del año. En el mes de mayo, con el objeto de moderar el crecimiento económico, se recortaron los gastos presupuestarios en 197.000 millones de pesetas reasignados en beneficio de las economías domésticas peor dotadas, así como la elevación del coeficiente de caja y adelanto del pago a cuenta del impuesto de sociedades por un importe de unos 135.000 millones de pesetas.

Recalentamiento

Todos los indicadores económicos reflejaban a finales de junio que el recalentamiento de la economía continuaba; en esta situación, la autoridad adoptó un conjunto, de medidas financieras y fiscales para ayudar a desacelerar la demanda interna con el objeto de aliviar los desequilibrios en el sector exterior y la inflación.

En el orden fiscal, las medidas se orientaron a drenar recursos del sistema, mediante el incremento de las retenciones a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades; el incremento del tipo de gravamen del impuesto sobre la renta de las personas fisicas y del impuesto sobre sociedades aplicables a no residentes sin establecimiento permanente, y, por último, se modificó igualmente el tipo de gravamen del impuesto de sociedades aplicable a determinadas entidades.

En el aspecto monetario se regularon determinadas operaciones de seguro por estimar que son operaciones financieras típicas bancarias y que por el volumen alcanzado incidieron en la política monetaria.

Se estableció la obligación de la retención a cuenta sobre los rendimientos obtenidos por los titulares de cuentas financieras basadas en operaciones sobre letras del Tesoro.

Y, finalmente, se estableció la retención de los rendimientos del capital mobiliario satisfechos a terceros por entidades financieras, como consecuencia de la transmisión, total o parcial, de créditos.

Estas medidas fueron completadas en el aumento del coeficiente de caja de las entidades de depósito y otros intermediarios financieros, del 18% al 19% sobre los pasivos computables.

Por otra parte, el Banco de España, ante el crecimiento del crédito, a pesar de los elevados tipos de interés, decidió disminuir la demanda de créditos mediante la limitación de la concesión de créditos para cada grupo bancario; en concreto, cada grupo bancario no podrá incrementar más de un 17% los créditos concedidos el año pasado, y la autoridad monetaria fijó la cifra de créditos a conceder hasta el 31 de diciembre próximo.

Todos los indicadores económicos señalaban que durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se estaba enfriando la economía, aunque las tensiones inflacionistas persistían, así como el fuerte desequilibrio de la balanza comercial.

En estos momentos la pregunta que tenemos que hacernos pasa por estos interrogantes: ¿qué está sucediendo en la economía española? ¿Se está produciendo la suave desaceleración deseada o, por el contrario, se mantiene el sobrecalentamiento? En otras palabras: ¿es suficiente el ajuste fino no traumático empleado o es necesaria la aplicación de un ajuste duro?

Existe el temor de que en el supuesto de que sea necesario adoptar nuevas medidas monetarias se produzca un parón económico, cayendo en una economía de stop and go, con grave riesgo de entrar en un ciclo depresivo del que sea difícil salir en años.

La respuesta que se está dando a la pregunta es contradictoria. Por un lado, hay opiniones de que nuestra economía muestra síntomas de desaceleración; por otra parte, hay quien opina que las medidas tomadas no están dando resultado y persiste el recalentamiento económico. Esto, unido a la falta de los indicadores coyunturales, monetarios y reales correspondientes al cuarto trimestre.

Los datos que se van conociendo no despejan totalmente las dudas; unos indican que, efectivamente, la economía se está enfriando, pero otros, por el contrario, señalan que estos síntomas positivos "no pueden considerarse como reflejo de una convergencia suficiente de la economía española hacia una senda sostenible de crecimiento más moderado", según apunta el Banco de España.

La solución ofrecida por el banco emisor para el control de la demanda agregada es conocida: "La mejora de la eficacia de las políticas de regulación de la demanda requiere una mayor complementariedad entre los instrumentos monetarios y presupuestarios, aumentando el mayor protagonismo que la política de ingresos y gastos públicos ha empezado a desempeñar para asegurar la estabilidad interna".

Gasto público

En los Presupuestos Generales del Estado para 1990 ya figurarán disposiciones de contención del gasto público y de política fiscal.

En resumen, el Gobierno ha dado muestras en el pasado de su capacidad para tomar con decisión y rapidez las medidas más adecuadas. En el futuro inmediato no tenemos motivos para pensar que no continúe en esa línea, que, en mi opinión, tiene que pasar por las siguientes ideas.

La economía no puede crecer sobre la base de que el consumo crezca más que la producción de bienes y servicios.

Los efectos de la política monetaria no son inmediatos, sino que se manifiestan con un cierto retraso; no discrimina entre consumo e inversión, lo que sí hace la política fiscal.

El crecimiento tiene que estar basado en una política de demanda en conjunción con una política de oferta, y no casi exclusivamente en la primera, como sucede hasta ahora.

La política de demanda tiene que acentuar una política fiscal que obtenga como objetivos prioritarios la inversión y las exportaciones, además de contención del gasto público.

La política de oferta, a pesar de las oposiciones sociales, tiene que continuar con la moderación y flexibilidad del mercado de trabajo, disminuir las rigideces del mercado financiero y mejorar la infraestructura del aparato productivo, formación profesional y mejorar los canales de distribución de bienes y servicios.

La política fiscal tiene que mejorar la participación del ahorro en la renta disponible. Si las familias españolas dedicasen mayor porcentaje de su renta disponible al ahorro que al consumo disminuiría la inflación y el déficit exterior. Desde la década de los setenta el ahorro de las familias está descendiendo; en los últimos cuatro años ha pasado del 7,71% del PIB al 6%.

La sustitución de la imposición directa por la indirecta debiera ser neutral en términos de ingresos.

Para reducir la inflación hay que continuar disminuyendo el crecimiento de la demanda mediante la reducción de la oferta de dinero y tipos de interés altos; además, hay que disminuir los costes de las empresas y tomar medidas de estímulo a la productividad.

Y, finalmente, el tipo de cambio de la peseta debe mantenerse en el que tiene actualmente en el SME, 65 pesetas marco alemán, con un margen de variación de 4%. Una devaluación no mejoraría nuestras exportaciones en las circunstancias actuales, pero sí incrementaría la inflación; además, la Comunidad Europea no permite hacer devaluaciones para mejorar la competitividad.

es secretario general financiero de Unión Eléctrica Fenosa.