Parlamento Europeo aprueba más derecho para accionistas y trabajadores en las OPA

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó anteayer en Estrasburgo, por una abrumadora mayoría de 340 votos a favor y 14 en contra, "moralizar e introducír una mayor transparencia financiera" en la directiva sobre ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) que prepara la CE. Las numerosas enmiendas al proyecto van dirigidas a defender y aumentar los derechos y accionistas de trabajadores de la sociedad codiciada.La futura directiva entrará en vigor en enero de 1993 y condicionará las leyes vigentes o en preparación, como es el caso de España, de los Estados de la CE. Éstos deberán, obligatoriamente, asumir estas condiciones mínimas. La eurodiputada liberal Nicole Fontaine, ponente del informe, declaró que gran parte de las enmiendas aprobadas son asumidas por la Comisión Europea.

El proyecto reformado necesitará para su aprobación la mayoría cualificada de los doce. La norma intenta establecer un código de conducta ante la explosión de fusiones de empresas que se producirá como consecuencia del mercado único.

La directiva para "garantizar su eficacia", sólo será aplicable a las sociedades que coticen en bolsa. Cualquier grupo o persona que posea el tercio del capital de una sociedad estará obligado a lanzar una OPA contra la totalidad de las acciones. Contra esta exigencia, el eurodiputado Carlos Perreau, yerno de José María Ruiz-Mateos, presentó una enmienda que fue rechazada en el sentido de poder limitar el alcance de la OPA a las dos terceras partes del capital, tal como está previsto en la actual legislación francesa.Quien lanza una OPA deberá hacer "una declaración relativa a las posibles consecuencias de las modalidades de financiación de la oferta para la futura situación financiera de la sociedad". El objetivo es impedir que la compra se haga en detrimento de los activos y estabilidad de la presa.

Enmiendas socialistas

El Grupo Socialista logró que prosperara la mayoría de sus enmiendas, destinadas a garantizar la información y participación de los trabajadores. La intención, según el eurodiputado Manuel Medina, es "garantizar las trabas suficientes en todos aquellos casos en que se ponga en peligro el empleo". Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a conocer las condiciones del folleto de compra y el ofertante deberá, a la vez, explicar las consecuencias de la operación durante dos años sobre los puestos de trabajo.

El consejo de administración de la sociedad codiciada deberá someterse a la junta de accionistas para toda decisión que la OPA desencadene. Sólo podrán disponer de mecanismos defensivos como emisión de títulos y otras operaciones que entrañen modificación de los activos o los pasivos de la sociedad si cuentan con una autorización expresa de la junta de accionistas para ello.

El punto más conflictivo, a pesar de que el comisario Bangemann mostró su acuerdo, será la posibilidad de paralizar la OPA en el período que media entre la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas y su celebración. Este recurso se convierte de hecho en un instrumento de bloqueo que será difícil que el Consejo de Ministros de la CE decida aceptarlo.