El Gobierno pide a los jueces que no se opongan a alimentar forzosamente a los presos de los GRAPO

El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, ha requerido a los jueces de vigilancia penitenciaria de Valladolid, Madrid y Zaragoza para que modifiquen su postura contraria a alimentar forzosamente a los presos de los GRAPO. Un total de 51 reclusos ole esa organización realizan una huelga de hambre en protesta por la política de dispersión, y siete de ellos se encuentran en estado muy grave. La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) se ha mostrado favorable a mediar en un diálogo entre el colectivo de presos y el Ministerio de Justicia, que se niega a abrir negociaciones.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, envió el pasado martes un escrito a los jueces Ignacio Sánchez Yllera, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, y Ramón Vilar Badía, del de Zaragoza, y a la magistrada de Madrid Manuela Carmena. En la misiva, el responsable de la política penitenciaria señala: "Creo que humanamente no se debe esperar a una situación de pérdida de consciencia de los internos, que en la práctica podría coincidir con un coma irreversible de fatales consecuencias"."Solicito la modificación de los autos que no permiten el tratamiento médico preciso aun en contra de la voluntad de esos internos", añade Asunción. Junto a la misiva fue enviado un anexo elaborado por el área de sanidad de Instituciones Penitenciarias, del que Asunción extrae la conclusión siguiente: "Con anterioridad a la pérdida total de consciencia, hay un estado intermedio en el que el enfermo ya no tiene capacidad de valoración para decidir sobre su situación de riesgo inminente de muerte".

Desde el 30 de noviembre pasado, día que se inició la huelga de hambre, se han dictado 23 autos judiciales sobre diferentes extremos relativos al caso. La primera resolución judicial contraria a alimentar forzosamente a los presos fue dictada por la juez Manuela Carmela el 5 de enero pasado, y en ella se señala que "mientras los mismos [los presos] se resistan a la administración de alimentación artificial, no se podrá emplear fuerza física".

No obstante, en el mismo auto se indica que "una vez que los internos pierdan su consciencia, se deberán tomar todas las medidas necesarias para intentar mantener su vida". El auto se refiere a los 10 reclusos de los GRAPO ingresados en el hospital Penitenciario de Madrid. En la capital se encuentran otros siete presos internados en el hospital Gregorio Marañón y cuatro más en la cárcel de Carabanchel. De los del hospital, hay dos muy graves: Ramón Fontcubierta, que presenta vómitos, anuria y fracaso renal, y Antonio Lago, que sufre desnutrición y deshidratación severa.

El 9 de enero, el juez de Valladolid emitía un auto, similar al de Manuela Carmela, sobre la reclusa Ana Belén San Miguel, quien se encuentra actualmente en el hospital Penitenciario de Madrid y su estado es estacionario. El 15 de enero, el juez Vilar, de Zaragoza, formulaba otro auto en parecidos términos sobre Olegario Sánchez, ingresado en la UVI del hospital Miguel Servet de aquella ciudad. Su situación es "crítica", y el pasado día 16 se indicaba que sólo podría durar cuatro días. El domingo pasado admitió que se le suminitrase suero glucosado. En el hospital Provincial de Zaragoza se: encuentran internados otros dos reclusos, José Balmón Castell y José Francisco Cela Seoane.

Por el contrario, autos.Judiciales favorables a la alimentación forzosa de los; reclusos han sido dictados por los jueces de Albacete, Bilbao, Murcia, Sevilla, Soria, Guadalajara y Valencia. La población reclusa de los GRAPO en huelga de harabre afectada por esta resolución es de 26 personas. Actualmente ha sido ya suministrada alimentación forzosamente a Josefina García Aramburu, Carmen López Anguita, Alicia Artímez, Eva Alonso, José Comesaña, Francisco Ros Díaz y Pablo Fernández Villabeitia. Ayer fueron trasladados Jaime Simón y Benjamín Grande desde la cárcel de Soria a un h7ospital de Vitoria. Según Instituciones Penitenciarias, de los 82 presos de los GRAPO, 61 iniciaron la huelga de hambre y la mantienen 51. Luis Alonso, secretario general de la APDH, manifestó ayer la disposición de su organización a mediar entre los reclusos y Justicia ""si nos lo pidieran directamente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 17 de enero de 1990.

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