El PSOE se niega a crear una comisión en el Congreso para investigar el tráfico de influencias

La utilización por Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, del influyente apellido familiar para negocios lucrativos ha provocado una profunda inquietud en el seno del PSOE por el deterioro que está sufriendo la imagen del partido al resultar afectado su número dos. Un alto cargo del PSOE lo afirmaba rotundamente esta misma semana, y la propia comparecencia ayer ante los medios de comunicación de un tenso Eduardo Martín Toval, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo volvía a poner en evidencia al anunciar la rotunda oposición de su partido a la creación de una comisión parlamentaria de investigación del tráfico de influencias, propuesta por el PP e Izquierda Unida.

Martín Toval manifestó ayer que la vía por la que debe canalizarse el caso de Juan Guerra son los tribunales y no el juicio político al que se podía someter desde una comisión parlamentaria especial, pues ello "podría conducir a crear en la opinión pública una imagen de que todos los políticos son corruptos".En este sentido, fuentes de la ejecutiva socialista destacaron ayer la "corrección" de la actuación del Partido Andalucista (PA) al poner el asunto "en manos del fiscal general del Estado", que está a la espera de recibir el informe sobre el asunto.

[Pedro Pacheco, alcalde de Jerez y presidente del PA, criticó ayer al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, por no haber intervenido en este caso, informa Efe. Pacheco aseguró que el presunto tráfico de influencias de hermano de Alfonso Guerra "es claro y contundente" y añadió: "En Cádiz y Sevilla es imposible hacer algo que no pase por la oficina de Juan Guerra].

Martín Toval aprovechó para recordar el caso del ex presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, absuelto recientemente por los tribunales, tras dimitir hace tres años de su cargo a raíz de una denuncia de trabajadoras de su empresa. El portavoz socialista manifestó que, en el caso de Juan Guerra, "son los medios de comunicación y no la opinión pública los que demandan una explicación sobre las denuncias de tráfico de influencias".

Además de la vía judicial, Martin Toval expresó que los delitos por tráfico de influencias deben regularse a través de dos proposiciones de ley que el PSOE presentó la pasada legislatura sobre las incompatibilidades de altos cargos e invitó a la oposición a que formule las enmiendas que estime oportunas.

Imagen del partido

Sin embargo, la preocupación de los dirigentes socialistas por la imagen exterior del partido no se extiende al posible aprovechamiento de esta situación en su interior por los numerosos rivales y enemigos que Alfonso Guerra tiene en su seno.

Un conocido miembro del PSOE, adscrito a una de las corrientes de opinión críticas, expresaba ayer que "ni las corrientes internas, ni UGT, ni los leguinistas van a aprovechar este caso para atacar a Alfonso porque sabemos que no está implicado". Las únicas dudas que existen en la dirección del PSOE apuntan a la figura del presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, enfrentado a Alfonso Guerra en la lucha por el control del partido en Andalucía.

"Otra cosa", añadió la fuente crítica, "es el aprovechamiento que se está haciendo de su nombre, y esto ya entra en un montaje que desgraciadamente funciona en este partido, consistente en que hay gente que piensa que al hacer un favor a Juan Guerra se verá recompensada cuando Alfonso se entere". "A este partido le falta racionalización ideológica, calar a fondo la idea de que la Administración no es un cortijo. Pese a que pensamos que el vicepresidente nada tiene que ver con las actividades de su hermano, este caso debilita la figura de Alfonso con un alcance aún difícil de calcular", añadió.

Mientras, un miembro de la ejecutiva socialista señaló que el ánimo entre los dirigentes del partido es "el normal" en una organización política que se ve directamente afectada por supuestos escándalos.

Por otra parte, la Junta de Andalucía investigará la veracidad de la denuncia planteada por la Federación Ecologista Pacifica Gaditana (FEPG) contra dos altos funcionarios provinciales a los que acusa de favorecer sus negocios privados a través de los puestos que ocupan en la Administración, informa Antonio Yélamo.

José Luis Blanco, delegado provincial de Gobernación en Cádiz, indicó ayer que ha encargado una investigación a los servicios de su delegación por si los funcionarios afectados hubiesen cometido alguna falta o irregularidad.