El Gobierno acepta el control sindical de los contratos temporales en una modalidad rechazada por las temporales

MARTHA ZEIN El acuerdo entre Gobierno y las centrales sobre el control sindical de los contratos quedó ayer perfilado en la primera reunión de la mesa de concertación sobre el empleo. Los aspectos que tienen que debatir las dos partes en la próxima reunión son la forma de garantizar el respaldo sindical del trabajador a la hora de firmar un contrato y la garantía de que este documento cumple con las fórmulas legales de empleo.

Para garantizar el amparo sindical del trabajador, UGT y CC OO proponen que un representante de las centrales esté presente en el momento de la contratación y de constancia de su acuerdo con la firma. La Administración, por su parte, rechaza este visado y propone que sea el interesado quien libremente solicite la presencia de un delegado sindical.

Con respecto a la forma de controlar si el contrato es fraudulento o no, los sindicatos exigen tener una copia del documento, proposición que ha sido rechazada por el Ejecutivo argumentando que es incompatible con el derecho a la intimidad del trabajador. La alternativa gubernamental consiste en elaborar un extracto del contrato en el que se demuestre que cumple con los requisitos legales. Este documento se presentaría a una comisión dependiente del Inem que asegurará su seguimiento.

Aunque las posturas están enfrentadas en estos dos aspectos claves del control de la contratación, se han acercado a la hora de crear esta comisión de seguimiento, en la que estarían representados los empresarios y las centrales. Este grupo de trabajo analizaría los contratos temporales por sectores y zonas geográficas y tendría capacidad para instar a la inspección de Trabajo a actuar en los casos en los que se detecte un fraude. En la labor de inspección podría estar presente un representante legal del sindicato.

El debate de este aspecto de las contrataciones continuará el próximo 24 de enero. A esta cita han pospuesto también el segundo punto que ayer abordaron los sindicatos y el Gobierno: la revisión de las modalidades de contratación, en el que las posturas iniciales están muy distanciadas, según han admitido las dos partes.

La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras insisten en que se introduzcan modificaciones legales en la política de contratación para que se consiga la estabilidad en el empleo. Entre otras medidas concretas solicitan suprimir el real decreto que regula el contrato temporal del fomento del empleo y establecer garantías legales que eviten la consecución de abusos en la contratación temporal.

El Gobierno propone como primer paso la creación de una comisión de expertos que estudie los efectos perversos de la contratación temporal. Los sindicatos entienden que esta medida es dilatoria mientras que el Ejecutivo insiste que no existen estudios profundos al respecto.

Los representantes de las centrales desean la desaparición de los contratos eventuales, los de obra y la revisión de los de prácticas y formación. Los del Gobierno, en cambio, insisten en que es tos cambios están concatenados, lo que implica un cambio jurídico en cadena.

Los representantes del Gobierno y las ejecutivas de los sindicatos no volvían a sentarse en la misma mesa para hablar de las contrataciones desde que en abril del año pasado el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, cerrara la mesa de empleo sin que se pudiera conseguir acuerdo alguno.