Detenidos varios militares por el asesinato de Ellacuría
El presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, a riesgo de abrir una crisis en las relaciones entre su Gobierno y las fuerzas armadas, anunció en la noche del domingo a todo el país que los asesinos de Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas fueron miembros del Ejército. El anuncio, que refuerza la credibilidad del presidente, abre la posibilidad de una depuración de las fuerzas armadas. Cristiani no reveló nombres de detenidos por su implicación en el asesinato, pero una emisora de radio informó, citando fuentes oficiales, que varios oficiales y soldados habían sido ya arrestados en relación con este caso.
El presidente Cristiani explicó por medio de un discurso radiotelevisado de cuatro minutos de duración que, en base a la investigación desarrollada por la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, "se determinó que existe involucración de algunos elementos de la fuerza armada" en el múltiple crimen cometido el 16 el de noviembre pasado, en medio de la más importante ofensiva lanzada por el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en diez años de guerra."Tengan plena seguridad de que el Gobierno y la fuerza armada estamos empeñados en descubrir hasta el último implicado en tan detestable crimen", dijo el presidente. Al mismo tiempo pidió a la población "comprensión" y "evitar las especulaciones", con el fin de no entorpecer el trabajo de la comision investigadora.
Por decisión del propio Cristiani, especialistas de España, el Reino Unido y Estados Unidos colaboran con los agentes salvadoreños en las averiguaciones de este caso. Además, el presidente anunció el domingo la creación de "una comisión especial de honor", integrada por oficiales de distinta graduación y abogados civiles, para ayudar a la Comisión Investigadora de Hechos Defictivos.
Sospechas de la Iglesia
Las declaraciones de Cristiani confirman las sospechas expuestas desde un primer momento por la Iglesia católica sobre la autoría de los asesinatos de los seis jesuitas (cinco de ellos españoles) y dos mujeres de servicio. Un informe de la Oficina de Tutela Legal del arzobispado de San Salvador concluía el pasado día 28 de noviembre que "todas las evidencias e indicios en su totalidad y correlación establecen que los responsables del asesinato fueron elementos militares pertenecientes a la Fuerza Armada".
Un documento distribuido por un grupo de supuestos militares que se autoidentificaban como "oficiales jóvenes" atribuía el crimen a altos mandos de la Policía de Hacienda, una unidad de las fuerzas armadas que se ha visto implicada en el pasado en diversos episodios de represión.
Fuentes próximas a la investigación de la Iglesia consideran que, cualesquiera que sean los oficiales responsables de la matanza, debieron contar con complicidad a alto nivel, ya que la acción se llevó a cabo con tiempo y tranquilidad y contó con el despliegue de armamento militar muy desarrollado. Fue una operación organizada y bien montada, no una acción de represalia decidida por unos cuantos locos.
Las investigaciones hasta ahora han estado centradas en la unidad que rodeaba la Universad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en el momento en que, en su interior, se perpetraba el crimen. Esta unidad parece ser, efectivamente, de la Policía de Hacienda.
La principal testigo del caso, Lucía Barrera de Cerna, que vio a los soldados que entraban en la UCA, se encuentra en Estados Unidos, donde, según ha denunciado la Iglesia, ha sido sometida a tortura psicológica por parte de los agentes policiales norteamericanos.
El Ejército se enfrenta, en todo caso, a una situación difícil después del reconocimiento del presidente Cristiani. Desde el primer día del múltiple asesinato, portavoces de las fuerzas armadas han tratado de defender la versión de que los asesinos fueron elementos del FMLN disfrazados con unifórmes del Ejército. Esa versión riunca aportó pruebas suficientes para resultar creíble. Por el contrario, el asesinato de los jesuitas puso en duda la credibilidad de Cristiani, confirmó la falta de respeto a los derechos humanos por parte del Ejército y amenazó el matenimiento de la ayuda que anualmente concede EE UU a El Salvador. El senador demócrata norteamericano Eduard Kennedy pidió el pasado 19 de diciembre una investigación sobre si la ayuda militar a El Salvador estaba siendo utilizada eficientemente. A su vez, el representante demócrata Joe Moakley advertía que existían "evidencias circunstanciales" sobre la implicación del Ejército en la matanza.
El desarrollo del caso obligaba ya a Cristiani a intervenir para no convertirse en cómplice silencioso del crimen. Ahora tiene también la oportunidad de imponer su autoridad en el Ejército y efectuar una depuración, reclamada por la guerrilla y algunas instituciones salvadoreñas.
La semana pasada se anunció ya el pase a retiro del jefe de la fuerza aérea, el general Rafael Bustillo, uno de los principales representantes de la línea dura de las fuerzas armadas. En su despedida, Bustillo aseguró que "sin la fuerza aérea el Ejército no hubiera podido con el FLMN". Vaticinó en el futuro graves conflictos en el seno de la fuerza armada para combatir a la guerrilla. La salida de Bustillo puede ser el comienzo de una remodelación en la cúpula militar, lo que posiblemente permitiría la reanudación del diálogo con el FMLN.
