Lealtad a las reglas del juego

A una buena parte del pensamiento nacionalista le irrita la afirmación de que la autodeterminación se ejerce cada vez que se vota en un Estado democrático. Y sin embargo, ésta es una expresión sincera, coherente con la idea de que la autodeterminación se ejerce en el ámbito de legitimidad en que consiste el Estado de derecho. En España, la autodeterminación existe a partir de la caída del régimen franquista, y se ha ejercido votando la Constitución, los estatutos de autonomía y los programas de los partidos en las diversas elecciones generales o autonómicas. Algunos nacionalistas quizá perciban este razonamiento como equívoco, pero para los demás es ésta la primera base de legitimidad de un orden político. La afirmación vale tanto si se toma el término en un primer sentido -autodeterminación como autonomía individual, en sentido kantiano, del ciudadano- como s¡ se toma en el sentido de opción por la organización territorial del Estado.Con el establecimiento de la democracia en España se sentaron las bases del orden legítimo y, por tanto, las reglas del juego político. Podemos distinguir así una primera fase fundacional y una segunda de desarrollo del sistema. La primera fase incluye una reafirmación del pacto social, por el que se constituye el Estado democrático como regla de funcionamiento de una sociedad de ciudadanos; incluye también en acuerdo entre los pueblos que conviven en ese Estado, por el que se constituye el Estado de las autonomías como el ámbito en el que se expresa el autogobierno de las distintas comunidades. Contrato social y pacto autonómico han tenido como expresión concreta -acto político y norma jurídica- la Constitución y los estatutos de autonomía. Como cualquier expresión de la voluntad general, la minoría que vota en contra debe someterse a la mayoría, que es base de legitimidad. Y mucho más claramente debe someterse al resultado mayoritario el que, al abstenerse, ha decidido por ello no oponerse al resultado de la votación. De esta manera, los españoles y los pueblos de España se han autodeterminado, históricamente, con claridad. Establecida así la fase fundacional, el sistema político se ha desarrollado. Los partidos políticos han presentado sus programas, en los que plasmaban sus proyectos globables de ordenación económica, social, territorial, y los han sometido en repetidas ocasiones a sus electores. Dentro del campo de legitimidad acordado, al participar en la vida política, los ciudadanos de España y de cada una de sus comunidades han continuado autogobernándose y, por tanto, se han autodeterminado de modo concreto.

Con. el razonamiento que precede no se trata de ocultar el debate, sino de aclarar sus términos. Los que replantean el problema de la autodeterminación se están refiriendo a alternativas que pueden no estar dentro del bloque constitucional. Pero hay que entender, sin embargo, que incluso la consideración de esas otras alternativas debe hacerse desde la legalidad vigente, cuyo cambio se pretende, porque esa legalidad vigente es el campo actual de la legítimidad y de la autodeterminación. Hasta para cambiar hay que partir de la legitimidad actual.

¿Puede reivindicarse el reconocinúento del derecho formal a determinarse en el futuro? Sí, en virtud de la libertad de expresión que tienen los ciudadanos en un Estado democrático. Pero también es lógico que esta reivindicación sea juzgada negativamente por los no socialistas y que se nieguen a colaborar en esta vía. Pondría en marcha una primera etapa de reforma de la Constitución que sólo conduciría a un final -un final de etapa-; esto no es el ejercicio de la autodetermínación, sino la disponibifidad para una segunda etapa, en que esa autodeterniinación tendría que concretarse; parece lógico que se considere que tal pretensión política pone en peligro la consolidación de la sociedad política con una oferta alternativa engañosa. Engañosa porque introduce un elemento de falta de lealtad al sistema olvidando que, desde ahora, cualquier ciudadano puede manifestar su opción concreta -incluso el independentismo- sin alterar las reglas del juego constitucional.

Reforma constitucional

¿Puede reivindicarse no ya un mero derecho formal, sino el ejercicio del derecho de autodeterminación de una forma concreta, incluso no recogida en la Constitución? Sí, también en virtud de la libertad de expresión. Esta reivindicación es más coherente que la anterior, pues no es engañosa: se pretende tal estructura federal distinta, o la independencia, y no un derecho formal, previo al ejercicio no se sabe cómo de un derecho futuro. Evidentemente, la reforma constitucional pretendida tiene en este segundo caso un objetivo no abstracto, sino concreto. Está claro que quienes nos oponemos a esta reforma constitucional lo hacemos también por algo concreto. Creemos que hay valores comunes que preservar en España, que lo único razonable internacionalmente es la unidad del Estado, que los valores específicos de las nacionalidades y regiones se defienden mejor que de otro modo en nuestro Estado de las autonomías, y que la voluntad de autogobierno recibe en nuestro orden constitucional su fórmula mejor (si no óptima, sí mejor que sus alternativas y con mejor posibilidad de adaptación al cambio político). Creemos además que es necesario, para garantizar el orden y la justicia, que las lealtades al sistema constitucional se fortalezcan y que la organización territorial del Estado, en principio, no debe ser puesta en cuestión.

Queda otro problema: ¿quién ejercería, bien el derecho puramente formal de autodeterminación o bien el ejercicio (secesionista, federalista, etcétera) de tal derecho? No vamos a argumentar por reducción al absurdo, aunque la reducción al absurdo no quiera decir una forma absurda de argumentar. (Por reducción al absurdo es el argumento siguiente: si los vascos tienen el derecho de autodeterminación, ¿por qué no lo tiene una parte de este colectivo: los vascos de la comunidad autónoma, los de un territorio histórico, los de una ciudad, los de un barrio, etcétera?) Sin ir al absurdo, las dificultades del quién son concretas. Los nacionalistas afirman que es el pueblo vasco, pero añaden que ese pueblo vasco incluye, además de al de la comunidad autónoma, al de Navarra y al de los territorios del Estado francés (Iparralde). Tanto para el reconocimiento abstracto del derecho como para su ejercicio concreto, lo primero que cabe decir es que resulta absolutamente inverosímil la hipótesis de que quieran, no sólo de que puedan, pretender los pueblos de Navarra y de Iparralde dos cambios constitucionales (Constitución francesa y española) para reivindicar su autodeterminación.

¿Contradicción?

Reducida la lucha política a sus términos concretos -el del Euskadi actual y no al reivindicado-, ¿no hay una contradicción entre el objetivo político concreto, autodeterminación de una parte del pueblo vasco, y el proclamado ideológicamente, resto del pueblo vasco, excluido de tal objetivo?

Si ni siquiera la idea que los nacionalistas tienen de la unidad del pueblo vasco está garantizada en el ejercicio del derecho de autodeterminación, es normal que los ciudadanos no nacionalistas de Euskadi y de España se opongan a un proyecto de cambio constitucional que altere la regla actual de legitimidad pactada. ¿O acaso, siguiendo un juego hipotético, un eventual Estado independiente de Euskadi vería razonable que el territorio histórico de Álava planteara su secesión para el año siguiente, y el de Vizcaya para dos años después?

La visión de lo inviable en política nos debe volver a la realidad. Ésta es la de una sociedad política que, habiendo salido de la dictadura, no ve el marco territorial del Estado como algo necesariamente inmutable, pero que concibe que incluso la pretensión de cambio sólo puede plantearse como opción política concreta, esto es, como algo que previamente haya sido incorporado a los programas de los partidos, que confrontan tales programas en repetidas elecciones y que sólo como acto final pueden entender que un plebiscito viniera a ratificar lo que las urnas hubieran ido diciendo. Mientras tanto, conservar el campo político de legitimidad que nos hemos dado, y aumentar la lealtad al mismo, es la única vía razonable.