La CE se opone al recurso de Gibraltar contra el uso conjunto de su aeropuerto

El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea (CE) se opone al recurso de Gibraltar contra la directiva que establece el uso conjunto hispano-británico de¡ aeropuerto del Peñón. En las alegaciones presentadas por el Consejo, máximo órgano comunitario, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad se dice que las autoridades gibraltareñas carecen de legitimidad como parte para emprender una acción judicial contra una decisión comunitaria y se pide que su reclamación no sea admitida a trámite. El Gobierno español tiene preparado un escrito en el que se reclama la soberanía sobre esa parte del territorio.

El Gobierno de Gibraltar, presidido por Joe Bossano, presentó el pasado 4 de octubre un recurso ante el tribunal de la CE en el que pide la anulación del artículo 2.2 de la directiva sobre liberalización de vuelos interregionales aprobada por unanimidad por los 12 países de la CE el pasado 18 de julio. Esa cláusula establece que la apertura de aeropuertos queda en suspenso en el caso de Gibraltar hasta tanto no se cumpla lo establecido en el acuerdo hispano-británico de 2 de diciembre de 1987.La apertura del aeropuerto del Peñón al libre tráfico quedó así condicionada a la construcción y puesta en marcha de una terminal para uso exclusivo de España, a quien corresponde también la autorización de vuelos con destino a su territorio.

El resto del tráfico dependerá de un comité conjunto hispano-británico. La presentación del recurso suscitó la inquietud en el Gobierno, que no descartó que las autoridades británicas estuvieran detrás de esa acción judicial de la colonia, encaminada, según Exteriores, "a poner fin al acuerdo político iniciado en la era Howe o de pacificación del contencioso sobre la soberanía del Peñón". Ahora, según esas fuentes, "las alegaciones del Consejo de Ministros de la CE despejan parte de esas dudas, pues el Reino Unido está representado en esa petición de no ad misión a trámite."

Estatuto especial

La argumentación de falta de legalidad se basa en el estatuto es pecial que Gibraltar tiene dentro de la CE, definido como un territorio europeo, pero no comunitario al ciento por ciento, cuya política exterior la desempeña el Reino Unido.

Esa característica de soberanía subordinada es la base para demandar la no admisión del recurso, ya que la demanda debía estar suscrita por el Gobierno británico o su autoridad delegada en el Peñón, el gobernador general. A las alegaciones del Consejo de Ministros de la. Comunidad, presentadas hace unos días en Luxemburgo al tribunal comunitario, España piensa añadir un escrito como "coadyuvante", según un responsable de Exteriores.

"Vamos a esperar al último día de plazo [a principios de enero] por si se retira el recurso", dijo. Medios próximos al tribunal de la CE señalaron que la decisión más probable es la desestimación del recurso.

La argumentación española defiende que la directiva se debe aplicar en su redacción íntegra actual. El escrito plantea que el aeropuerto gibraltareño está ubicado en la zona del istmo, que es territorio nacional, dado que el Gobierno español nunca cedió su soberanía y esa zona fue ocupada ilegalmente por los británicos. El régimen conjunto, según esta tesis, responde a que las dos partes reconocen que hay un conflicto de soberanía, pero quieren a la vez garantizar que se cumple el derecho comunitario.

Las alegaciones españolas pretenden reforzar la petición de un "no ha lugar" del recurso y no un reconocimiento a su reclamación de soberanía, asunto éste sobre el que el Tribunal de Justicia de la CE no es competente por prohibición expresa del Tratado de Roma. La prudencia española de esperar al último momento responde a que "no queremos conflicto, pero no entendemos por qué Bossano ha planteado esto cuando su antecesor, Joshua Hassan, estaba también comprometido en el acuerdo hispano-británico".

La inquietud española sobre la reclamación gibraltarefia se ha reforzado con la pretensión del Reino Unido de oponerse a que las directivas para libre residencia de pensionistas y rentistas se apliquen en el Peñón. Se trata de una limitación unilateral, de forma que sea prohibida la entrada a los residentes de otros países comunitarios, pero no la posibilidad de que los gibraltareños se establezcan en España u otro país de la CE.