Escuchas telefónicas a los presuntos implicados en los sobornos de Valencia

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Enrique Beltrán, reconoció ayer implícitamente que los teléfonos de algunos de los presuntos implicados en el caso de los supuesios sobornos en la Consejería de Urbanismo del Gobierno valenciano han sido intervenidos por orden judicial con motivo de las investigaciones iniciadas tras la presentación de la denuncia.

Uno de los teléfonos sometido a escuchas es el del ex conseller Rafael Blasco, según ha podido saber este periódico. "No puedo confirmar que haya teléfonos pinchados", dijo Beltrán quien añadió: "Al salir todo a la luz, me han fastidiado la investigación, porque la gente ha dejado de hablar". El fiscal dijo que puede dar al traste con las investigaciones. "Me temo que llegará el momento en que tendré que archivar el asunto", dijo.

La opinión generalizada en los medios relacionados con la investigación es que será muy difícil conseguir pruebas de los presuntos sobornos.

Los altos cargos de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat pusieron ayer sus cargos a disposición del conseller en funciones, Emèrit Bono, que sustituyó el jueves al anterior titular de este departamento autonómico, Rafael Blasco, destituido por el presidente Lerma tras la denuncia presentada contra dos funcionarios del área de Urbanismo por presuntos sobornos.

Los directores generales de Arquitectura y Vivienda, Fernando Úbeda; de Urbanismo, Blanca Blanquer; de Transportes, Cayetano Roca; y de Obras Públicas, Carmen Olmos, acataron así la petición formulada el pasado jueves en las Cortes Valencianas por Lerma, de solicitar el cese de todos los responsables políticos de la Consejería.