El Gobierno propondrá a las comunidades autónomas la retirada de 100 conflictos del Constitucional
El Gobierno propondrá la próxima semana a todas las comunidades autónomas que de mutuo acuerdo retiren del Tribunal Constitucional 100 conflictos pendientes de sentencia como primer paso para comenzar una etapa en la que prime la cooperación. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, considera que "se ha instalado el clima de que el Estado de las Autonomías es conflictivo per se, está agotado y como derivación se habla de la autodeterminación, cuando desde el Gobierno se considera que no se han apurado todas las posibilidades de este modelo".
El ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, remitirá después de la fiesta de Reyes una carta a los presidentes de las comunidades autónomas explicando la intención del Gobierno de que las relaciones de la Administración Central con las comunidades autónomas discurran por cauces de cooperación. Almunia expondrá sus puntos de vista sobre las potencialidades de las comunidades dentro del marco constitucional y estatutario y su opinión sobre lo innecesario de abrir un debate sobre el derecho al autogobierno como desean algunos partidos nacionalistas.La primera oferta del ministro será la de retirar "de mutuo acuerdo" 100 conflictos pendientes de sentencia en el Tribunal Constitucional por lo que a su carta acompañará la relación de asuntos que competen a cada comunidad pendientes de sentencia y que, a su juicio, pueden resolverse mediante el diálogo. La Administración considera, despues de rescatar este centenar de entre unos 400 conflictos, que casi todos ellos obedecen a disparidad, de criterios entre administraciones, como por ejemplo por resoluciones de directores generales, y no a asuntos constitucionales que se arrastran desde 1984.
En la lista selectiva que ha preparado el departamento que dirige Almunia para remitir a las comunidades propone al País Vasco que se retiren del Constitucional 22 asuntos, 16 son de comunidad contra Estado y 6 viceversa. Cataluña tiene 35: 22 de comunidad autónoma contra Estado y 13 de Estado contra comunidad. Con Galicia hay 27: 17 en el primer supuesto y 10 en el segundo. Andalucía tiene 6: tres en cada caso. Canarias con tres: dos del Estado y una de la comunidad autónoma. Hay una del Estado contra Asturias, otra contra Aragón y tres contra Baleares. Por último, la Comunidad Valenciana tiene tres reclamaciones contra el Estado.
El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Francisco Peña, considera que la retirada de todos estos asuntos "agilizaría" la labor del Constitucional, aunque reconoce que no es éste el principal objetivo de la Iniciativa del Gobierno y concretamente de ese ministerio, sino que hay un "fondo político". -"En la oferta que se va a hacer a las comunidades autónomas se les adjunta este listado de posibles asuntos a retirar y se les pide que añadan los que estimen oportunos".- Peña habla del deseo de "dar una vuelta a la tuerca" a la actual situación y potenciar "instrumentos de colaboración".
Este alto cargo confía en que si se llega a un acuerdo para retirar de mutuo acuerdo este centenar de cuestiones sería el principio de una nueva forma de relación. "El objetivo prioritario es conseguir un clima de trabajo cuyo principio sea el de la cooperación y se eviten dentro de lo posible nuevos conflictos".
No hay pruebas
El Gobierno está persuadido de que entre los distintos modos de federalismo el de la República Federal de Alemania es el más eficaz, al estar basado en la cooperación. Esta iniciativa gubernamental no es ajena a las iniciativas recientes de partidos nacionalistas sobre la necesidad de abrir ahora el debate de la autodeterminación que el Gobierno de Madrid rechaza totalmente.
Según Francisco Peña, "se está instalando el clima de que el Estado de las Autonomías es conflictivo per se y eso no es bueno". A su juicio, de los casi 400 asuntos que, hay en el Tribunal Constitucional "hay relativamente pocas cosas que afectan al sistema de las autonomías" y asegura que el problema no es "de falta en las posibilidades de autogobierno".
Otra de las especies que rechaza el Gobierno es la de que el "modelo" se está agotando, "cuando en realidad las posibilidades de las comunidades en sus capacidades de autonomía no se han apurado ni mucho menos". A título de ejemplo, Peña señala que el presidente de la Generalitat Jordi pujol no le ha "convencido" de que el Estatuto de Cataluña no es válido sino todo lo contrario". Otro ejemplo que cita es,el del País Vasco, en el que "tan solo cinco leyes del Parlamento autónomo están pendientes de sentencia ante el Tribunal Constitucional de unas 150 que hoy funcionan, de lo que no se puede deducir que el Gobierno vasco está bloqueado, sino más bien lo contrario, es decir, que está en plena operatividad".
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, afirma que "no hay pruebas" de que el actual modelo autonómico no funciona y da por seguro que si el clima que se inaugura es de diálogo y cooperación la conclusión será totalmente opuesta. "El debate teórico que se está lanzando sobre la autodeterminación es injusto porque, son injustos los presupuestos de los que se parte".
Todos contra todos
Aunque en Administraciones Públicas restan importancia al afán denunciador tanto de la Administración Central como de las comunidades autónomas lo cierto es que el diálogo apenas ha existido y ante la menor contrariedad se han denunciado mutuamente ante el Tribunal Constitucional. Así el Alto Tribunal acumula cientos de expedientes todos con igual presentación: Número de conflicto, demandante, demandado, procedimiento y descripción del conflicto. En unos casos el demandante es el Estado y en otras Cataluña, Galicia, País Vasco, Asturias, etc.El Gobierno sostiene que hay asuntos que no deben llegar al Constitucional y que tienen que resolverse entre las distintas administraciones. La idoneidad del diálogo antes de recurrir al Constitucional lo ha puesto de manífiesto en algunas ocasiones el propio presidente del Tribunal.
Entre los 100 asuntos que se propone retirar figura, por ejemplo, una demanda del Es-tado a Galicia por el procedimiento no de recurso sino de conflicto de competencias" por una resolución de la Consejería de. Agricultura de la Xunta por la que se ratificó la designación de Secretario de la Cámara Agraria de La Coruña. En este caso el Estado, aunque reconoce las competencias de la Xurita sobre las Cámaras Agrarias no así respecto a los funcionarios y de ahí el conflicto que traslada al Constitucional.
Otro caso está en una demanda de Cataluña contra el Estado. Esta comunidad denuncia y lleva al Tribunal Constitucional un real decreto del Gobierno sobre normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre. Alega la Generalitat que sobre esa materia tiene competencias previas.
Andalucía denunció en 1985 al Estado por un Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre medidas para erradicar la peste porcina africana. La comunidad autónoma planteó un conflicto de competencias al estimar que ese decreto imposibila las facultades de la Junta de Andalucía sobre sanidad animal. Y así hasta 100 casos que el Gobierno propone discutir y retirar del Constitucional.
Esta primera iniciativa se discutirá, si es que lo aceptan las comunidades, en el seno de las comisiones bilaterales de cooperación formadas por el Gobierno y cada una de las comunidades. Almunia enviará su propuesta igualmente a todos los Ministerios, ya que éstos también tienen que opinar sobre la retirada de los expedientes en conflicto aunque no parece que vayan a existir reticencias por ese, lado.
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