La subida a cuenta del 5% para pensionistas y funcionarios no condiciona la negociación posterior
Los pensionistas y los empleados públicos recibirán una subida a cuenta en sus retribuciones del 5%, que no condiciona la negociación posterior, según anunció ayer el ministro de Economía, Carlos Solchaga, a los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, en una reunión informativa sobre el decreto de prórroga de los Presupuestos. El próximo encuentro del Ejecutivo con los interlocutores sociales se producirá el día 4 de enero, momento en que se definirán las mesas de negociación en las que participarán los ministerios de Trabajo, Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.
El Gobierno informó ayer a Comisiones Obreras y UGT sobre las líneas maestras del decreto ley de prórroga de los Presupuestos, que estará vigente hasta mayo de 1990, fecha en la que se prevé estén aprobados los Presupuestos definitivos. Hasta entonces, y como adelanto a cuenta, las retribuciones dependientes de los Presupuestos (pensionistas de la Seguridad Social, clases pasivas y empleados públicos) recibirán, a partir del 1 de enero, una subida salarial del 4% o el 5%, que concretará mañana el Consejo de Ministros y, previsiblemente, se incline por la tasa más alta.Los representantes sindicales, Agustín Moreno, por CC OO, y Apolinar Rodríguez, por UGT, ya apuntaron que aún el 5% les parece "insuficiente", pero sí consideran positivo que esa subida no condicione la negociación posterior, según el compromiso adquirido ayer con Carlos Solchaga y altos cargos de los ministerios de Economía, Trabajo y Administraciones Públicas.
El tercer sindicato representativo de la función pública -la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios- también fue informado ayer sobre la subida salarial provisional para los empleados públicos en una reunión con el subsecretario de Administraciones Públicas, Juan Ignacio Moltó. Los dirigentes de la confederación empresarial CEOE tendrán hoy información sobre el conjunto del decreto.
Ajuste de la tarifa
El 5% se va a aplicar también para deflactar la tarifa y las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tributo en el que, además, la obligación de declarar se eleva desde las 840.000 pesetas vigentes en 1989 hasta 900.000 pesetas. Al ajuste por la inflación se une la eliminación de la desgravación fiscal por la compra de segunda vivienda, que será efectiva para las que se adquieran desde el 1 de enero.
Las retenciones sobre las rentas del trabajo dependiente no se varían ahora debido, según el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, a que "su modificación se realiza por un decreto y no es necesario, por tanto, una norma con rango de ley". El propósito del Gobierno es esperar a que esté "culminada la negociación colectiva, se conozca cuál va a ser el aumento de las retribuciones de los asalariados y cuál es la marcha de la inflación".
En el decreto de prórroga de los Presupuestos se introducen normas que mejoran el tratamiento fiscal de las personas con minusvalías, con una deducción del 10% en el IRPF como gastos de difícil justificación y un máximo de 200.000 pesetas. Con el mismo objetivo se reduce el IVA que este colectivo tiene que abonar tanto en la compra como en la reparación de sus vehículos. Ésta es la única modificación que se introduce en el IVA, impuesto que estará sujeto a una revisión total en una ley que se elaborará a lo largo de 1990.
En el impuesto extraordinario sobre el patrimonio se produce la misma prórroga que en el IRPF, aunque la entrada en vigor de la ley de Haciendas Locales obliga a adaptar las reglas de valoración de los bienes de naturaleza rústica y actividades de ganadería independiente que, a partir de 1990, se valorarán, respectivamente, por el valor catastral y los valores contables.
El decreto ley regula el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades y eleva la cuantía desde el 55%, hasta el 60% en tres plazos que se liquidarán en abril, octubre y diciembre. En este impuesto se crea una deducción especial por creación de empleo para los trabajadores minusválidos.
El gasto público quedará prácticamente congelado, ya que sólo está previsto la elevación del 5% en el capítulo I -gastos de personal- hasta que se apruebe la ley de Presupuestos. La congelación del gasto, no reconocida por Borrell, convive con unos ingresos que crecen por encima de las previsiones. El dirigente de CC OO, Agustín Moreno, estima el aumento extraordinario de los ingresos de 1989 en un billón de pesetas, aunque Economía sólo reconoce -según Moreno-, una cifra entre 500.000 y 700.000 millones de pesetas.
Los sindicatos no quisieron entrar ayer a valorar si la prórroga supone una política presupuestaria restrictiva o no, tan sólo el representante de CC OO repitió a Carlos Solchaga las objeciones dadas a conocer por la central cuando se aprobó la ley de Presupuestos de 1989, calificada de "socialmente restrictiva, porque no facilitaba el giro social ni creaba el empleo suficiente". Agustín Moreno recordó también que la política económica aplicada este año fue el detonante de una movilización general.
La prórroga mantiene los créditos aprobados en la ley de 1989, salvo los programas que finalizan este ejercicio, con un importe global de 382.667 millones de pesetas. El aumento de las dotaciones es muy inferior y se produce en los créditos que se ponen a disposición de las comunidades autónomas para nuevas transferencias y con un importe total de 2.150 millones de pesetas.
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