La peregrinación del 'dinero negro'

Los pagarés forales emitidos por las diputaciones vascas han dado cobijo este año a un billón de pesetas de dinero negro. La opacidad de estos títulos y su alto interés, un 7% e incluso un 9%, frente al 5,5% de los pagarés del Tesoro público, han convertido a estos activos en uno de los refugios legales más provechosos e inescrutables del dinero no declarado en España. Cabe suponer que una parte de esa enorme masa monetaria proviene precisamente de los seguros de prima única desvelados por la Hacienda de la Administración central.

Pocos discuten seriamente la legalidad de estos títulos, emitidos al amparo del Concierto Económico Vasco, pero, con mayor o menor énfasis y salvo excepciones contadas, todo el mundo parece admitir que el comportamiento de las instituciones no es en este caso lo que se dice ejemplar. Eso sí, los responsables de las Haciendas forales proyectan idéntica acusación de falta de ética sobre los pagarés del Tesoro, público, que absorbieron a su vez buena parte del dinero negro generado en el País Vasco.Afirman incluso que los pagarés forales son precisamente la respuesta a los activos, igualmente opacos, puestos en circulación por la Hacienda central. "José Borrell puso en marcha el invento y él nos ha hecho pecar a los demás", comenta el diputado de la Hacienda de Álava Alberto Ansola. Con todo, algunos de los responsables de las Haciendas forales admiten que la guerra de los pagarés ha ido ya muy lejos y que es necesario acabar con el escándalo que supone que las instituciones den cobijo al dinero negro y desfiguren su función fiscalizadora. El propio consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Alfonso Basagoiti, dice estar dispuesto a entrevistarse con el secretario de Hacienda, José Borrell, para buscar una solución.

Las emisiones libres de pagarés forales han generado unos beneficios automáticos superiores a los 60.000 millones de pesetas, repartidos a partes iguales entre las diputaciones y las entidades financieras intermediarias. De acuerdo con los datos facilitados por las Haciendas forales, las diputaciones de Vizcaya y de Álava han captado este año 480.000 millones y 370.000 millones de pesetas, respectivamente, mientras que la de Guipúzcoa, siguiendo una política voluntariamente restrictiva, sólo ha sacado al mercado activos por valor de 80.000 millones de pesetas. Ell billón en pagarés forales se completa con el dinero de una nueva emisión abierta en Álava el pasado día 1. Las diputaciones y las entidades bancarias se reparten equitativamente el diferencial existente entre el interés interbancario, situado en torno al 14%, y el 7% de los pagarés. Se calcula que la Diputación de Vizcaya ha obtenido así unos ingresos de unos 20.000 millones de pesetas, esto es, el 24% de sus ingresos no financieros. En realidad, las diputaciones no llegan a pagar los intereses, ya que el comprador del pagaré descuenta ese dinero de su propia inversión en el momento de adquirir el título en los bancos o cajas de ahorro, únicas entidades informadas de los titulares de esos activos que han sido recurridos por la Administración del Estado.

Moralidad pública

Alfonso Basagoiti, consejero de Hacienda del Gobierno de coalición formado por el Partido Nacionalista Vasco y el PSE-PSOE, sostiene que la legalidad de los pagarés forales está fuera de toda duda, en la medida en que se asientan en las normas de activos financieros inspiradas en las competencias del estatuto de autonomía. A su juicio, resulta significativo que el Tribunal Supremo no haya atendido hasta ahora los requerimientos para que se paralicen las sucesivas emisiones. "Los pagarés forales", afirma, "son tan legales y tan éticos o faltos de ética como los de la Administración central". Con todo, el consejero considera que el asunto "se ha desmadrado" y cree que "es peligroso que la Administración pública esté tratando de buscar beneficios financieros en lugar de beneficios sociales. Hay que buscar una solución", dice, "sobre la base de que la moralidad debe ser interpretada por todos de la misma manera". Basagoiti opina que la Administración central "rompió el equilibrio financiero con Euskadi, establecido en los conciertos económicos", al emitir los pagarés del Tesoro. "La nuestra", subraya, "ha sido una jugada defensiva, con la única diferencia de que se paga un interés superior para contrarrestar el que el Estado disponga de un coeficiente que obliga a la banca a aceptar parte de los pagarés del Tesoro".Una opinión que no comparte Jon Larrinaga, diputado por Euskadiko Ezkerra. Larrinaga cree que no es correcto asimilar automáticamente los pagarés del Tesoro con los pagarés forales, porque, en su opinión, estos últimos activos no responden al propósito de acotar progresivamente el dinero negro ni de financiar el déficit público. "Las diputaciones", dice, "están actuando simplemente como banqueros, pagan intereses por el depósito de unas rentas y unos patrimonios que deberían contribuir a sus Haciendas". Y añade: "Estas actuaciones desnaturalizan la función de la Hacienda pública y vulneran el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes fiscales". El parlamentario de Euskadiko Ezkerra, partido que ha destapado la polémica, propone la reducción progresiva del volumen de los dos tipos de pagarés, la armonización de las condiciones de emisión, la búsqueda de fórmulas de blanqueo progresivo con los tenedores de estos activos y la adopción de compromisos que eviten las "falsas competencias interinstitucionales". Su compañero de partido Javier Olaberri, parlamentario vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, afirma tener constancia de que las grandes partidas de dinero -se sabe de compras de pagarés por valor de 1.000 millones- consiguen intereses del 9% y del 9,5%. "Para los grandes defraudadores del Estado tenemos un segundo mercado todavía más ventajoso, que les permite disfrutar de un interés algo inferior al que obtiene el dinero normal, descontados los impuestos". En el mismo tono mordaz, el parlamentario vasco apunta que las instituciones tampoco retienen por ese diferencial de dos puntos de interés "por aquello de no darse por enterados".

Perseguir el fraude

Desde el punto opuesto, el diputado general de Vizcaya, Luis Alberto Pradera, considera que se está actuando de forma inteligente al sacarle rendimiento a un dinero "que está ahí". Pradera subraya que los pagarés permitirán acometer grandes obras de infraestructura, pensando quizá en el metro de Bilbao, y defiende que cuanto más "dinero opaco" llegue a Vizcaya, "tanto mejor, porque tanto más ganaremos". A su juicio, estos planteamientos no comprometen para nada la voluntad de su diputación de perseguir el fraude ni rebajan la presión fiscal global, criterio que comparte asimismo Alberto Ansola, diputado de Hacienda de Álava. Tras destacar que este año se han incrementado los ingresos por inspección fiscal, Alberto Pradera opina que, de no existir los pagarés, el dinero que no tributa habría sido invertido en especulaciones inmobiliarias y no habría dado utilidad pública alguna".Cree que la desaparición del refugio que brindaban los seguros de prima única explica en buena medida el incremento vertiginoso de dinero captado en pagarés por la Diputación de Alava, la primera en emitir estos activos. En sólo un año, la diputación alavesa ha pasado de 56.000 millones en pagarés a 370.000 millones. "El dinero negro", explica Alberto Pradera, "es un efecto de la actividad económica, ha existido, existe y existirá, y si retiramos los pagarés estaremos haciendo el mayor favor económico al señor Borrell. Estaría de acuerdo en retirar los títulos siempre que lo haga también el Tesoro público, pero estoy seguro", dice el diputado foral alavés, "que entonces ese dinero se iría a otra parte".