La Comunidad Europea aprueba ayudas para el carbón español a cambio de un plan de reconversión

La Comisión Europea dio ayer luz verde a las ayudas públicas por valor de 20.000 millones concedidas por el Estado a la minería del carbón de Castilla y León fundamentalmente. También dio por válidos otros 50.000 millones de subvenciones concedidos a empresas asturianas como Hunosa, Minas de Figaredo, Hullasa y La Camocha. A cambio, la Administración queda obligada a presentar, antes de junio de 1990, un plan para suprimir las ayudas en tres años. La minería del carbón a cambio deberá someterse además a un plan de reestructuración, modernización y racionalización.

La aprobación de las ayudas del carbón contrasta con la exigencia a la empresa Magefesa a devolver 6.019 millones de pesetas de ayudas y subvenciones que, a juicio de la Comision Europea, contravienen las reglas de la libre competencia.El conflicto de Magefesa se inició hace mas de un año, cuando diversas ayudas públicas concedidas para la reconversión de la compañía fueron consideradas ilegales. El procedimiento de infracción se cierra ahora con la obligación de devolver 1.830 millones de pesetas recibidos en concepto de avales, otros 2.085 millones concedidos por FOGASA, 1.095 millones de subvenciones a fondo perdido y nueve millones de pesetas en concepto de rebaja de tipos de interés. La dura sanción, según algunas fuentes, pone en peligro la viabilidad futura de la compañía.

E n lo que respecta al carbón, la Comisión Europea ha querido hacer tabla rasa con las subvenciones de que se benefician las empresas mineras como incentivo para el consumo en centrales térmicas de carbón nacional, hulla y antracita, mucho más caro que el importado. La exigencia de un plan de reestructuración y de un programa para la eliminación progresiva de las ayudas hasta su desaparición en 1993 persigue, según fuentes de la Comisión, la reestructuración de un sector caracterizado por fuertes pérdidas y por un minifundismo de las explotaciones. La reconversión amenaza fundamentalmente a las zonas de Asturias y de la comarca de El Bierzo.

La Comisión entiende que esta decisión "es una aproximación realista y negociada al problema de las ayudas al carbón en Europa", un mal que no sólo es español, sino que tiene una dimensión mayor en la República Federal de Alemania. El objetivo es "permitir la puesta en práctica del mercado único de la energía a través de una asignación óptima de recursos".

La medida guarda una cierta contradicción con el programa Rechar de ayudas al carbón. El presupuesto global para el período 1990-1993 asciende a 460 millones de ECU (59.800 millones de pesetas), a los que hay que añadir créditos suplementarios. El reparto por cuencas carboníferas aún no se ha decidido, pero se apuntan como principales beneficiarios el Reino Unido y la RFA, con lo que España y Bélgica votarán en contra. Con ello se difuminan las expectativas optimistas que había despertado el programa Rechar en las cuencas carboníferas españolas afectadas por la crisis y que habían puesto su principal esperanza en esta iniciativa comunitaria.