¡Silencio!, es la huelga

Ahora empiezan a sentirse los efectos. Después de un año, el Consejo de Ministros procederá a aprobar el anteproyecto de pensiones asistenciales. La patronal acepta hablar de la plataforma unitaria que desarrolla el manifiesto de la huelga general de 1988. Un año después se promete equiparar las pensiones mínimas al salario base y los jubilados miran con vértigo la ley de presupuestos. Fue como un domingo sin churros y sin periódicos. Una movilización en apoyo de colectivos a los que nunca se había defendido: los jubilados, los desempleados y los jóvenes. Pararon hasta los asilos.

Aquella respuesta popular es irrepetible aunque falta mucho por conseguir. Hoy los jubilados preparan nuevas protestas para acelerar esos proyectos gubernamentales. Los problemas de los jóvenes se siguen discutiendo en los despachos. La falta de diálogo y los desencuentros permanecen. Las relaciones personales están más deterioradas y el Gobierno y los sindicatos continúan cruzándose cartas protocolarias.El 14-D fue una huelga con muchos adjetivos calificativos pero sin un apellido idóneo. No fue revolucionaria, no fue política ni un paro convencional de trabajadores ni tiene parangón con ningún otro anterior. En la memoria de gerentes y directivos quedan hoteles de lujo sin servicio, los ancianos han perdido el miedo a salir a la calle y protestar. Hoy los jóvenes están con resaca y desmovilizados.

La primera gran rebelión desde el establecimiento de la democracia contó con el apoyo del conjunto del movimiento sindical. Sirvió para revitalizar los conceptos de solidaridad y justicia social, para poner en cuestión una política social y económica, aplaudida desde los sectores financieros.

Los detonantes fueron cinco mesas de negociación cerradas sin acuerdo y dos pactos que se firmaron al margen de los dos sindicatos legalmente más representativos. Después de la huelga se abrió otra negociación igualmente fallida y el 14 de febrero, en el pacto de San Valentín, el PSOE pactaba con la derecha el decreto de medidas sociales. Aquel pequeño giro recogía algunas demandas sindicales, compensaba parte del poder de compra perdido por jubilados, para dos subsidiados y empleados públicos. También habilitaba recursos para incrementar la cobertura a los desempleados, aunque no los suficientes para alcanzar el 48% firmado por Felipe González y Nicolás Redondo en el Acuerdo Económico y Social.

En ese mes de febrero, Felipe González metió "en un cajón" el controvertido contrato de inserción para jóvenes, la gota que rebosé el vaso de la paciencia y empujó a los líderes sindicales a organizar un eufemístico "paro generalizado". Ahora hasta los líderes de la derecha y algunos dirigentes empresariales reconocen que la precariedad en el empleo empieza a ser preocupante.

El PSOE también lo reconoce en su programa electoral y uno de sus capítulos se titula cómo crear más y mejor empleo. Es una pequeña derrota dialéctica que el partido socialista ha compensado con creces con una nueva victoria en las urnas el pasado 29 de octubre. En el debate de investidura Felipe González ha dicho que su tercer triunfo electoral ha sido tan importante como la huelga del 14D.

Fallida mesa negociadora

Apenas iniciada aquella mañana de diciembre, la Moncloa desistió de poner en duda el número de huelguistas. La guerra de cifras vino después, en la peculiar y fallida mesa de negociación. Las demandas sindicales más urgentes costaban 344.000 millones de pesetas y las centrales creían que no era un problema de recursos. Se podían financiar con los 352.000 millones que Hacienda recaudó por encima de sus previsiones en los cuatro primeros meses de 1989.Hoy la deuda social pendiente se ha incrementado y los colectivos cuyas rentas se fijan en los Presupuestos Generales han vuelto a perder poder de compra por una inflación superior a las previsiones del Gobierno. El debate se abrirá en las próximas se manas en varios frentes.

Los empresarios se quedaron un tanto al margen. Pensaban que aquella guerra no iba con ellos y firmaron sus convenios con una conflictividad limitada a algunos centros públicos, cuyos gerentes quisieron echar un pulso a los sindicatos. No obstante, en la huelga general también había demandas de los trabajadores como la creación de más y mejor empleo, la democracia industrial, medidas de reparto del trabajo, o incrementos reales de los salarios. Con el paro, se da además un paso cualitativo y se asumen demandas tradicionalmente no planteadas por las centrales como fiscalidad, vivienda social, medio ambiente y calidad de vida.

Su desarrollo está en la Propuesta sindical prioritaria, que actualmente se debate en algunas comunidades autónomas y en la mesa que el próximo lunes inauguran la patronal y los sindicatos. Uno de los puntos objeto del diálogo con los empresarios es la autorregulación de los conflictos. Con ello se trata de evitar la ley de huelga, uno de los castigos temidos por los sindicatos a raíz del 14-D junto a la retirada de subvenciones y la desestabilización de la UGT.

Los intentos de crear un sindicato-bis no cuajaron y los problemas han contagiado al partido socialista. Ricardo García Damborenea y Juan Francisco Martín Seco, que no obedecieron la consigna de su dirección de cerrar filas, han constituído la corriente de opinión Democracia Socialista y corren el riesgo de ser expulsados del PSOE.

La central ugetista ha pagado un alto precio. Quedaron descabezadas federaciones como la química o la de trabajadores de la tierra, cuyos dirigentes se negaron a organizar la huelga. Hoy algunos de los expulsados ocupan cómodos despachos. Francisco Castañares es director general del Medio Ambiente en la Junta de Extremadura y Pepa Pardo encabeza la lista de diputados del PSOE por Murcia, pendiente de recurso.