El Estado portugués concluye la venta del 49% del capital de Tranquilidade
La venta del 49% del capital de la compañía de seguros Tranquilidade, que concluye la primera fase del programa de privatizaciones parciales del Gobierno de Cavaco Silva, ha constituido un éxito sin precedentes, con órdenes de compra más de ocho veces superiores a la oferta y títulos de transacciones a un precio medio superior a 12.000 escudos, por un valor nominal de 4.800 escudos.Los altos precios impulsados por el grupo liderado por el Banco Portugués del Atlántico (BPA) y el Banco Espirito Santo y Comercial de Lisboa (BESCL, estatal), que pretendía, y parece haber conseguido, asegurarse una posición dominante en el sector privado de la cuarta mayor compañía de seguros portuguesa, desanimó a los inversores extranjeros, como el grupo Mapfre, que en las últimas semanas anularon sus órdenes de compra.
Las suscripciones a precios fijos (4.400 escudos para los trabajadores de la empresa y 4.600 para pequeños inversores individuales y emigrantes) fueron agotadas, pero el Espirito Santo ya contrató la compra (le la mayor parte de estos lotes de 120 títulos, que en principie no pueden ser vendidos antes de dos años, a más de 8.000 escudos.
El ministro de Hacienda, Miguel Cadilhe, dijo "comprender" la actitud de los trabajadores que alienaron sus acciones, realizando un beneficio de unas centenas de miles de pesetas, pero afirmó que "sería necesario un poco más de dignidad institucional".
El caso de Tranquilidade parece destinado a repetir las experiencias anteriores de Unicer, Totta e Açores y Aliança Seguradora, quedándose la mayor parte del capital privado en manos de uno o dos grandes accionistas, candidatos a la compra del 51% aún en manos del Estado en la segunda fase.
El negocio fue, de todas formas, excelente para Tranquilidade, que encajó más de 5.000 millones de escudos, y el Estado portugués, que recaudó 25.800 millones de escudos, cerca de 135 millones de dólares, que serán destinados, de acuerdo con la legislación, al reembolso de la deuda pública, a la Seguridad Social y a reinversiones en el sector empresarial del Estado.
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