Trabajo considera positivo el "frente común" formado por sindicatos y patronal

El secretario general de Empleo, Álvaro Espina, cree que puede ser positivo el "frente común" formado por sindicatos y patronal en sus críticasa la gestión del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y de la formación ocupacional. El argumento utilizado por el representante del Ministerio de Trabajo es que el entendimiento entre los agentes social-es puede facilitar la recomposición del diálogo.El resultado de la reunión del consejo general del Inem y la presentación de una resolución conjunta de UGT, CC OO, ELA-STV y CEOE es para Álvaro Espina una consecuencia lógica de "un largo período de desencuentros" entre la Administración y los interlocutores sociales. Él espera que el futuro sea más favorable y de hecho encuentra aspectos en la citada resolución que dejan puertas abiertas para el inicio de una nueva etapa.

Ante las críticas de sindicatos y patronal, la posición de la Administración es incrementar la participación de esas organizaciones en la formación profesional ocupacional, pero para ello requiere un compromiso, de forma que los agentes sociales no sean juez y parte a la hora de aprobar los cursos de formación que ellos imparten como entidades colaboradoras.

La Administración no esperaba recibir "el beneplácito" de las organizaciones empresariales y sindicales tras la retirada de las ayudas para formación, aunque el secretario general de Empleo puntualizó que ello no es un castigo porque no hayan firmado un acuerdo.

Del largo encuentro mantenido por el consejo del Inem el pasado lunes, Álvaro Espina considera que lo más importante es que en él quedó clara la ejecución de los presupuestos del instituto, pese a las acusaciones vertidas por algunos dirigentes sindicales en días pasados. Los datos facilitados por la Administración indican que el excedente generado en las cuotas por desempleo entre los años 1985 y 1988 asciende a 1,39 billones de pesetas y el gasto en prestaciones contributivas fue de 1,32 billones, mientras que la diferencia supone 70.210 millones de pesetas que se han destinado a regularizar cuentas de ejercicios anteriores.