El candidato

EL CANDIDATO socialista a la presidencia del Gobierno reconoció ayer la provisionalidad de un Parlamento en el que estaban ausentes 21 de los diputados electos, y se comprometió a someterse a la cuestión de confianza prevista por la Constitución en cuanto las vacantes se cubran. De las 21 ausencias, cuatro, las de los electos de Herri Batasuna, tienen un origen político, con la salvedad del caso de Iñaki Esnaola, que se recupera de las heridas sufridas en un atentado. Las otras 17 son consecuencia de resoluciones judiciales que han anulado las elecciones en las circunscripciones de Murcia y Pontevedra y provocado la repetición de las mismas en el plazo de tres meses. Que el propio presidente en funciones reconozca la provisionalidad de la Cámara constituye un serio baldón para la Administración electoral, cuyas deficiencias se han puesto de relieve estos días. Lo más grave de esas deficiencias es que, en un país en cuya historia la democracia ha sido la excepción, se dan armas dialécticas a los semidemócratas que no dejan de aprovechar cualquier oportunidad para cuestionar la legitimidad del sistema y desacreditarlo demagógicamente. Esos semidemócratas pretenden ignorar que si los jueces han anulado las elecciones en Murcia y Pontevedra es porque ahora hay un Estado de derecho en el que las imperfecciones o desviaciones del sistema pueden ser detectadas y corregidas. Al adelantarse a ofrecer la repetición de hecho de su investidura mediante su sometimiento a la cuestión de confianza, Felipe González ha demostrado reflejos y talante democrático, desautorizando implícitamente, de paso, a quienes, más papistas que el Papa, consideraron que no pasaba nada y que en el fondo lo mismo daba 333 que 350 diputados.Su discurso, en el que presentó el programa socialista de gobierno, estuvo presidido por los mensajes de continuidad y apertura. Continuidad en las líneas básicas de la política económica, y apertura a la cooperación con las Administraciones autonómicas y locales, por un lado, y al consenso social y político, por otro. La genérica oferta de diálogo se concretó en terrenos como el de la reforma fiscal, la concertación social, el pacto autonómico -con mención expresa a la reforma del Senado-, la lucha antiterrorista, la política exterior y los objetivos ligados al horizonte de 1992. Insistió, sobre todo, en la necesidad de una política de modernización con vistas al mercado único europeo que cuente con un consenso suficiente como para garantizar su mantenimiento más allá de la lógica alternancia y de las'discrepancias ideológicas. Pero nada dijo de asuntos de tanta trascendencia política como el ventajismo gubernamental en la televisión y no desveló qué relación establece entre los resultados de las elecciones de octubre y el sentido de la apertura propuesta. ¿Se trata simplemente de corregir el estilo de gobierno, o hay un proyecto de modificar las prioridades poniendo mayor énfasis, por ejemplo, en las políticas redistributivas? Es de esperar que ello se clarifique en el curso del debate con la oposición.

Su argumentación sobre el terrorismo fue tal vez la más articuIada del discurso. Cualquier iniciativa que pudiera producirse en ese terreno deberá darse en el marco del consenso existente entre las fuerzas democráticas, que es un valor en sí mismo y que ha resultado decisivo en la derrota política de los violentos. Y, ciertamente, el escepticismo ante la voluntad de aceptación de las reglas del juego democrático por parte de los portavoces políticos de los terroristas estájustificado cuando desde ese sector se considera legítimo el recurso al asesinato y el secuestro. Pons llevó con cautela el asunto de la fórmula de acatamiento de la Constitución por los parlamentarios de HB, suspendiendo la sesión cuando Idígoras pretendió intervenir sin estar en el`uso de la palabra. Con todo, seguimos pensando que se ha elegido un terreno equivocado para hacer ver a HB su real situación de minoría a la que su amistad con los secuestradores y pistoleros no otorga ninguna bula especial.