UGT exige que en este mes se reconozca el derecho de los funcionarios a la negociación

La federación de servicios públicos de UGT considera imprescindible que el nuevo Gobierno cierre los temas pendientes con los funcionarios antes de iniciar la negociación colectiva para 1990. La deuda social, el derecho de los funcionarios a la negociación y la cláusula de garantía salarial son reivindicaciones que deberían resolverse este mes, según el sindicato, que en la negociación de 1990 defenderá la creación de un convenio único para el personal laboral de la Admínistración.

Una vez resueltos los temas pendientes con la Administración, la federación de servicios públicos de UGT admitirá negociar el convenio de 1990 en todos los ámbitos posibles, de modo que podrán abrirse mesas de negociación tanto con los Gobiernos regionales como con las administraciones sectoriales, con el fin de avanzar en la puesta en práctica de la Propuesta sindical prioritaria.

Una de las novedades que UGT planteará en la próxima negociación colectiva para los funcionarios es la creación de convenios de ámbito superior a la empresa, refundiendo los actuales pactos del personal laboral de la Administración central en un convenio único. Esta medida afectaría a 140.000 personas que actualmente fijan sus condiciones de trabajo a través de 47 convenios distintos.

En este mismo sentido se pretende unificar también los convenios de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ello tendrá que remodelarse la actual denominación de funciones, lo que implicará la unificación de las condiciones salariales.

Modalidades de contratos

El convenio de 1990 lo apoyará UGT tanto en la Propuesta sindical prioritaria como en los temas pendientes. La Administración y las centrales no se sientan a la misma mesa desde mayo de 1988.El primer apartado hace referencia a las medidas de empleo en las administraciones y servicios públicos. En este sentido, UGT recuerda que, de 1,2 millones de funcionarios, 100.000 son eventuales. En la negociación de 1990, la federación tendrá como objetivo prioritario la revisión de las modalidades de contratación eventual e interina, la supresión de los contratos temporales de fomento de empleo y la reducción de los contratos eventuales a un porcentaje de la plantilla orgánica de los centros de trabajo.

En 1990, la federación de UGT planteará también la reforma de las clases pasivas, de modo que los funcionarios se integren en el régimen general de la Seguridad Social.

Otra de las reivindicaciones que la central socialista tiene en cartera es potenciar las inversiones para evitar que entre capital privado en los distintos servicios de la Administración y para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios. La federación considera que se han de desembolsar como mínimo 200.000 millones de pesetas antes de 1993.