Jueces y profesores de Derecho se pronuncian contra la penalización del consumo de drogas

Treinta y cuatro jueces, magistrados, catedráticos y profesores titulares de Derecho Penal han mostrado en Málaga su oposición frontal a cualquier intento de penalizar el consumo de drogas. Esta actitud fue dada a conocer tras una reunión mantenida el pasado fin de semana en la facultad de Derecho, de Málaga con el fin de aunar esfuerzos en la lucha contra la actual política represiva sobre el tráfico de drogas y la elaboración de una política alternativa basada en la prevención de la demanda y en la asistencia a los consumidores.

La reunión de Málaga. contó con la presencia de destacados represetantes de la asociación Jueces; para la Democracia y con profesores de Derecho Penal de las principales universidades españolas así como otros juristas de reconocido prestigio. Cándido Conde Pumpido destacó la importancia de la reunión "porque", dijo, "es la mejor constatación de que las críticas hacia la política represiva no son sólo una consecuencia de la práctica del Derecho, sino que también desde el estudio teórico se llega a la convicción de, que la actual normativa acarrea consecuencias nefastas". José Luis Díez Ripollés, decano de la Facultad de Málaga, considera que "después de esta reunión, el Gobierno no podrá mantener sus descalificaciones hacia quienes defienden la alternativa despenalizadora y esperamos que sirva para que las autoridades abran un debate nacional para tratar de buscar respuesta a las dudas que nosotros planteamos".Según los juristas reunidos en Málaga la política represiva en vigor "además de no conseguir erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de drogas, ha originado la aparición de poderosas organizaciones; de traficantes con un poder sin parangón en toda la historia de la criminalidad". Javier Martínez Lázaro, magistrado juez de instrucción de Barcelona, resaltó que la política represiva, además de hacer el juego a las organizaciones mafiosas "ha agravado los problemas de marginación social y ha generado una importante actividad delictiva para conseguir los recursos necesarios para adquirir droga, que ha llegado a desbordar los recursos del sistema judicial penal, ha masificado las prisiones hasta límites insostenibles y ha repercutido negativamente en el resto de la población, que sufre directamente el aumento de la delincuencia y padece las medidas indiscriminadas para controlar esa misma delincuencia".

Algunas de estas medidas indiscriminadas, como las redadas masivas o los reconocimientos-análisis vaginales son considerados por los juristas como "poco respetuosas con los principios de un Estado de Derecho". Un Estado de Derecho que, según constatan los catedráticos y jueces, "se está viendo conmovido por la aparición de figuras delictivas que violan los derechos de seguridad jurídica o de proporcionalidad de las penas y por la corrupción que -nace en su poderío económico- siembran los grandes y medios traficantes en instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de persecución penal hasta las más altas instancias representativas". Las críticas de los juristas se extienden a la supuesta protección a la salud esgrimida por los defensores de la política defensiva.

Efectos negativos

Francisco Muñoz Conde, catedrático de Penal de la universidad de Sevilla, resaltó los efectos negativos de la prohibición a nivel internacional. "Las directrices de esta política", dijo, "se han convertido en una nueva forma de opresión cultural y económica de los países poderosos sobre el Tercer Mundo ya que mientras se les obliga a reprimir el tráfico y consumo de drogas propias de su cultura, como la coca en Perú y Bolivia, se fomenta el consumo de drogas propias de la cultura occidental pero ajenas a esos países, como alcohol y tabaco".

Finalmente, los juristas destacan las nefastas consecuencias que la política represiva acarrea sobre la actuación de prevención del consumo y sobre la asistencia a los consumidores, precisamente los dos pilares fundamentales sobre los que, a su juicio, debería basarse la política alternativa de lucha contra la droga.

Profesores y jueces insistieron en la necesidad de penalizar el tráfico de drogas entre adultos y de establecer controles administrativos sobre su producción y venta pero consideraron lógico que se mantenga la persecución en el suministro de drogas a menores de edad y a personas carentes de capacidad de decisión autónoma y que se establezcan controles sobre la calidad de las sustancias, que podrían generar infracciones penales en casos de adulteración, como sucede con otras sustancias nocivas.