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El Gobierno deberá convocar nuevas elecciones de diputados en Murcia en el plazo de tres meses

En el plazo de tres meses deben convocarse nuevas elecciones para diputados en la circunscripción de Murcia, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que estimó parcialmente el recurso del PSOE sobre el cómputo de votos anulados, pero que consideró nulas las elecciones del 29 de octubre por no ser, conforme a derecho el proceso de votaciones "comprobados los vicios procedimentales habidos". La sentencia de la Sala de lo Contencioso hecha pública ayer no admite ningún recurso, salvo el de aclaración. El acuerdo anula la elección de cuatro diputados del PSOE, tres del PP, uno del CDS y otro de IU.

Dos grupos políticos, el Partido Popular e Izquierda Unida, en sus alegaciones de personación al recurso contencioso electoral promovido por el PSOE, pedían como decisión subsidiaria la declaración de nulidad por los "graves vil.cios en el procedimiento electoral". La Sala estima un procedimiento básico de derecho no caer en la incongruencia de solicitar la validez del escrutinio de la Junta Electoral y de no ser favorable para esas partes, pedir la nulidad, como hicieran PP e Izquierda Unida. Su solicitud es rechazada además porque debleron interponer recurso contencioso y no lo hicieron.El Tribunal estima parcialmente la impugnación del PSOE al escrutinio de la Junta Electoral Provincial, al establecer que se debían computar 25 de las 27 mesas donde se produjeron algunas irregularidades. En dos de ellas se confirma el criterio de la Junta Electoral Provincial de no computarlas por no existir actas. Sobre las restantes, donde se produjo el contencioso por no coincidir el número de votos con el de votantes, la sentencia señala que por un exceso de 77 votos se ignoraron 1.612 sufragios válidos.

La Sala de lo Contencioso estima que estos "vicios", que no son determinantes de la elección, arrastraron la decisión de la Junta Electoral Provincial a declarar la nulidad de mesas enteras, cuando no era la instancia adecuada para tal resolución, ya que para ajustar "la pureza del proceso electoral" debió acudirse a la vía jurisdiccional, esto es, al contencioso-electoral.

La sentencia, contenida en 28 folios, y con 18 fundamentos jurídicos y que no afecta a las elecciones al Senado, ha suscitado distintas reacciones en los medios políticos de la región.

El presidente de la comunidad autóriorría y secretario regional del PSOE, Carlos Collado, declaró desde Londres (donde se encuentra en viaje oficial) su "sorpresa y extrañeza", porque esperaba otro tipo de resultados. "Yo no contaba con esta solución", dijo, "ni tampoco los jurístas con los que había comentado el caso".

Juan Ramón Calero, que había sido elegido diputado por el PP el 29 de octubre, calificó de "espléndido" el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que ha optado por la solución más justa llante las evidentes irregularidades de las votaciones". Para Calero, ex portavoz popular en el Congreso de los diputados, la sentencia no sólo es importante desde el punto de vista jurídico "porque ha sido muy trabajada", sino también desde el político. "Ha sido un fallo muy valiente", insistió.

Consecuencias políticas

El presidente regional del Centro Democrático y Social, Enrique Egea, advirtió que esperará a analizar con detenimiento los fundamentos de derecho, por si su partido decide plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar los derechos de los electores.

Pedro Antonio Ríos (IU), que había sido proclamado como noveno diputado por Murcia, afirmó al conocer la sentencia que "primero beneficia al pueblo español y a la democracia, pero la semana que viene beneficiará a Felipe González en la sesión de investidura". Una alusión a que el PSOE contará con mayoría absoluta en la Cámara baja tras la anulación de la elección de los diputados murcianos.

En opinión de Juan Ramón Calero, esta anulación deberia llevar consigo la nulidad de la elección del presidente del Congreso de los diputados, Félix Pons. "Allí estuvimos nueve diputados murcianos", insistió el representante del PP, "y aunque sólo cuatro votaron por el candidato socialista, todos hemos sido revocados, y ya desde el Derecho Romano se sabe que lo que es nulo no produce efecto".

El origen de este contencioso se inició en la misma noche de las elecciones del 29 de octubre, cuando los datos provisionales del Ministerio del Interior otorgaban el noveno escaño por Murcia al PSOE, por 96 votos de diferencia sobre Izquierda Unida. 50 militantes de esta coalición analizaron acta por acta para preparar un paquete de impugnaciones sobre presuntas irregularidades, trabajo en el que contaron con la colaboración de otros partidos.

Proceso penal

Las impugnaciones presentadas por el Partido Popular, Centro Democrático y Social e Izquierda Unida, aceptadas por la Jun La Electoral Provincial, significaron la anulación de 27 mesas, donde se habían producido presuntas irregularidades -no coincidencia del número de votos y votantes, votos dobles, votos de menores y sufragios ejercidos sin acreditar la identidad personal-, casos que fueron remitidos al juzgado, que va ha abierto 23 causas penales por este motivo. Toda la documentación electoral, hasta ahora custodiada en el Palacio de Justicia por la Guardia Civil, podrá ser remitida a distintos juzgados para que determinen en sus jurisdicciones si abren más causas penales.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recurso contenciosoelectoral presentado por la candidata al Senado por el PP en Almería, María del Mar Agüero, contra la adjudicación de un escaño en la cámara alta a su compafiero de partido, José María Martínez de Haro. La resolución judicial reconoce que la adjudicación del escaño senatorial corresponde a María del Mar Agüero, informa Ángel González.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de diciembre de 1989

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